Prevén 2023 con crisis... y seguirá recorte federal

Ante un 2023 con crisis y menos captación de ingresos por parte de los tres órdenes de gobierno, la administración estatal y los municipios sí deben evaluar la necesidad un cobro de una mayor tasa o nuevos impuestos, como por ejemplo a la gasolina, porque los recursos federales seguirán a la baja, explicó el economista Antonio Serrano.

“El entorno está muy complicado porque no hay dinero. El Gobierno Federal no va a aumentar los impuestos, eso ya se dijo. La situación viene complicada porque comienza el año con una alta inflación. Es el último año fiscal que le queda al Presidente, porque el gasto público se cierra en marzo del 2024, es decir, por Ley seis meses antes de su salida”, señaló.

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Además, ninguno de los cuatro grandes proyectos presidenciales está terminado o funcionando al 100 por ciento, y eso se llevará dinero del gasto público, y quienes más lo padecerán serán los estados y los municipios; en Coahuila, seguirán los recortes y al final del año los 18 mil millones de pesos que no se han recibido en el sexenio, aumentarán a una cifra todavía incalculable.

¿IMPUESTO ESTATAL A LA GASOLINA?

“La gasolina puede tener un impuesto estatal. Está abierta esa posibilidad, pero los gobiernos estatales no lo cobran por dos razones: porque hay temor de que al incluirlo, Pemex no se los regrese, y un nuevo impuesto genera siempre una caída en la popularidad del gobierno”, dijo.

Los nuevos impuestos, que serían una salida a los recortes presupuestales, serían a la gasolina, porque las entidades están facultadas para eso, también pueden ser a otros servicios existentes y que no se gravan.

“Pero nadie quiere ni pensar ni hacer cosas para cobrar más. Hoy los impuestos federales no son suficientes, porque cada estado tiene características diferentes. En Coahuila puede crearse hasta un impuesto al desarrollo, por ejemplo”, explicó.

El escenario ideal, para el entorno difícil y de falta de equidad en la distribución, es que se cobren impuestos que no se transfieran al Gobierno Federal, pero para esto debe existir disponibilidad para asumir los costos políticos.