Saltillo: ‘No votaré, es una farsa’, afirma jurista y acusa fraudes inmobiliarios y jueces omisos
El jurista Francisco Yáñez Armijo considera que la elección de jueces y magistrados es una burla para toda la ciudadanía.
Previo a la jornada electoral, VANGUARDIA conversó con el exdirector de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila para conocer su opinión sobre el proceso de elección de juzgadores, así como su visión del trabajo del Poder Judicial.
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Respecto al funcionamiento del Poder Judicial, Yañez señala que existen áreas de oportunidad, especialmente ante el creciente problema de los fraudes inmobiliarios.
Sin embargo, adelantó que no acudiría a votar, al considerar que el proceso es una farsa.
SOBRE FRAUDES INMOBILIARIOS
Francisco Yáñez explicó que uno de los principales problemas en estos casos radica en la colusión entre partes interesadas, abogados y jueces.
En los últimos años, la ciudadanía de Saltillo ha sido testigo de diversos casos judiciales en los que familias pierden parte de su patrimonio debido a fraudes inmobiliarios.
Tan solo en 2024 se registraron al menos 20 denuncias contra una misma agente inmobiliaria, quien a su vez señaló la existencia de una red de corrupción que involucraría a abogados y notarios.
En los juicios por despojo, Yáñez observó que los jueces no siempre analizan adecuadamente los elementos del caso.
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“Un aspecto fundamental que tiene que probar quien promueve un juicio de usurpación es, precisamente, demostrar la causa generadora de la posesión”, explicó.
“Los jueces deben ser muy estrictos y analíticos respecto a la valoración de las pruebas que se les presenten. Y en ocasiones no lo hacen con la atingencia debida. Muchas veces se trata de pruebas falsas, o simplemente no toman en cuenta lo que se les está exhibiendo”, añadió.
Cabe destacar que VANGUARDIA ha dado seguimiento a algunos de estos casos. En diciembre de 2024 se resolvió en primera instancia una sentencia por un supuesto adeudo mercantil.
La postura de este medio es que la resolución careció de un análisis profundo, ya que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Coahuila estudió, analizó y dictaminó en tan solo 72 horas un expediente de cinco tomos que contenía entre dos mil y tres mil páginas. Actualmente, dicho caso sigue en proceso judicial.
