Autoridades demostraron con caso de ‘Rocky’ en Saltillo que sí hay capacidad para actuar de forma pronta: activista

La directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Alma García, señaló que las autoridades de Coahuila han respondido al caso del perro “Rocky” ante la presión registrada en las redes sociales, puesto que en otros casos que también esperan una adecuada impartición de justicia, pero que transitan en la sombra, predominan las irregularidades.

Fue al inicio de esta semana cuando las redes sociales de usuarios de Saltillo desbordaron la conversación por el caso de crueldad animal registrado en la colonia Villa San Miguel, al norte de Saltillo, donde una mujer fue captada arrastrando con su vehículo a su perro de 14 años, de la raza gran pirineo.

En torno al caso, las autoridades municipales y estatales han realizado diversos pronunciamientos ante una serie de señalamientos en los que se acusa influyentismo o se expresan sospechas de irregularidades en la investigación criminal.

Al respecto del actuar de la autoridad, Alma García recordó un caso acompañado por el Centro de Derechos Humanos en el que las autoridades tardaron casi una semana en acudir a un domicilio relacionado con una investigación.

Resaltó que, en el acompañamiento legal que ha brindado el Centro, no ha visto que, frente a la indignación, la autoridad se pronuncie con la misma contundencia, incluso en casos de feminicidio, violencia de género y desaparición forzada, donde también se sospecha que la falta de atención se debe a la falta de recursos de las víctimas.

“En uno de los casos fueron en cinco días a revisar la casa donde una mujer denunció que su hija estaba en cautiverio. ¿Me explico la diferencia de cómo actúa la autoridad dependiendo de la clase social a la que perteneces?”, expresó.

Para la defensora, la movilización inmediata observada en el caso de Rocky, además de visibilizar una empatía social con los seres sintientes, demuestra que el Estado sí cuenta con capacidad operativa y recursos para desplegar corporaciones policiales cuando así lo determina.

“A quienes esperan justicia nos dicen: ‘No, es que no hay recursos’. Bueno, no hay recursos para lo que ellos no ven, no quieren ver”, afirmó.

García consideró que la respuesta expedita obedeció a la presión generada en redes sociales y sostuvo que existe un trato diferenciado en la actuación de las autoridades.

“No es la misma protección por clases sociales que da la autoridad. Así funcionan los sistemas de impunidad, protegiendo a sus cuates, a sus amigos, a la gente con poder y privilegios. Es preocupante cómo en estos casos sí hay un aparato policial afuera de una casa rica”, señaló.