Congreso de Coahuila pide mayor vigilancia en anexos para rehabilitación

Ante las muertes registradas en los centros de rehabilitación de adicciones o anexos, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud y los ayuntamientos deben reforzar y actualizar los mecanismos para regular y supervisar su funcionamiento.

El pasado martes, Felipe Alberto Castillo Zavala, de 53 años, sufrió convulsiones en el anexo “Serenidad”, ubicado en la colonia Lomas del Refugio, fue trasladado al Hospital General del ISSSTE, a donde llegó su vida. La FGE abrió una carpeta de investigación para esclarecer su muerte.

La diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez (PVEM), subrayó la importancia de que las autoridades estatales y municipales informen a la población sobre los anexos o centros de rehabilitación de acciones que cuentan con autorización y permisos de funcionamiento del municipio y del sector salud.

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Refirió que en días pasados se reportó el fallecimiento de una persona en otro anexo en Ramos Arizpe que, de acuerdo con las investigaciones, no contaba con los permisos municipales ni de la Secretaría de Salud para ofrecer servicios de rehabilitación a personas con adicciones.

A finales de febrero, se denunció que en el Centro de Rehabilitación Femenil, Fe, Esperanza y Amor, ubicado en la colonia Óscar Flores Tapia, de Monclova, las exinternas denunciaron abusos sexuales, golpes, trata de blancas, tráfico de drogas y armas, así como daño sicológico, por lo que el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones debe investigar el anexo.

“La sociedad se ve en la penosa necesidad de llevar a sus familiares a estos lugares por la falta de atención a nivel público, ya que muchas veces rebasa las posibilidades de la familia para atender a este tipo de adicciones”.

“Necesitamos el apoyo de verdaderos centros o anexos de rehabilitación, ya que el tema de las adicciones rebasa a la salud pública”, dijo, al señalar que operan lugares que ofrecen estos servicios, sin embargo, debe vigilarse su funcionamiento, su reglamento y códigos de conducta para garantizar el respeto a los derechos humanos y que no haya consecuencias lamentables.