Diputados del PAN exigen la comparecencia del titular de la Auditoría Superior de Coahuila
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Piden que explique las observaciones y sanciones pendientes de las revisiones del 2014 al 2016
El grupo parlamentario del PAN exigió la comparecencia urgente del titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, para que explique a los diputados todas las dudas respecto a la revisión de la cuenta pública del 2017, así como las observaciones y sanciones pendientes de las revisiones del 2014 al 2016.
Marcelo Torres Cofiño, coordinador de la bancada del PAN, señaló que Plata Sandoval debe de comparecer ante el Pleno en los próximos días, para explicar todas las irregularidades que se detectaron en el Informe Anual de Resultados del 2017.
“Es importante que en un plazo que no exceda los cinco días se haga comparecer al auditor superior del estado para dar puntual respuesta a todos los cuestionamientos que se le planteen. Por las características del caso, la urgencia y delicado de este tema que ha prevalecido de la era trágica del “Moreirato”, es importante que el auditor comparezca ante este Congreso”, indicó.
La diputada Gabriela Garza Galván, autora de la propuesta, dijo que se detectaron inconsistencias en el documento que emitió la Auditoría Superior del Estado en relación a la cuenta pública del 2017, pues dijo que el cronograma de auditorías no tiene el detalle requerido ni se explica la metodología para la práctica de revisiones financieras.
“Se emite un dictamen por la Auditoría de un análisis de la Comisión de Auditoría Gubernamental, de la cual se detectaron inconsistencias. Hemos detectado que el cronograma no cuenta con el nivel de detalle requerido, como el inicio y conclusión de las auditorías a diferentes entes. No explica la metodología que se aplicó en la práctica de las auditorías y no especifica alcances y objetivos de las mil 848 auditorías practicadas”, dijo Garza Galván.
Señaló que el documento no precisa el daño exacto que se pudo haber causado a la hacienda pública, como resultado de las irregularidades detectadas.
“Son 82 por ciento de los entes que se fiscalizaron los que tienen irregularidades, no se precisan las faltas administrativas o daño que pudo haber sido causado a la hacienda pública y omitió relacionar las proposiciones y de responsabilidades fincadas, dando como pretexto que ya hay demandas penales, lo cual no es suficiente”, afirmó.