Frena PRI investigación de la megadeuda de Coahuila
La única abstención en la votación fue del diputado Édgar Sánchez Garza
Nuevamente, los diputados del PRI se opusieron a agilizar las investigaciones de la megadeuda, al impedir la discusión en la tribuna de Congreso del Estado un punto de acuerdo en el que se solicitaba la conclusión definitiva a las investigaciones por este caso.
El recurso legislativo del parlamentario Gerardo Aguado, fue frenado por los legisladores del PRI y sus aliados, al desechar que fuera considerado como de urgente y obvia resolución por una votación de 5 votos a 4.
Votaron en contra de que se discutiera Elisa Catalina Villalobos, de Morena; Claudia Isela Ramírez, del PRD; y del PRI Josefina Garza, María Esperanza Chapa y Jaime Bueno. A favor Marcelo Torres Cofiño, María Eugenia Cázares y Fernando Izaguirre, del PAN, y Emilio de Hoyos, de la UDC. El independiente Édgar Sánchez Garza se abstuvo.
No es la primera vez que los priístas detienen propuestas similares, pues hace tres semanas también votó en contra un punto de acuerdo para llamar a comparecer al fiscal general Gerardo Márquez, y al fiscal anticorrupción Jesús H. Flores, para exponer los avances en las investigaciones de la megadeuda.
La propuesta de ayer del grupo parlamentario panista, buscaba solicitar a cuatro dependencias de Sistema Estatal Anticorrupción y a la Secretaría de Finanzas “se realicen los trabajos necesarios para darle una conclusión definitiva a las averiguaciones previas o carpetas de investigación de la megadeuda de Coahuila en un plazo prudente de tiempo”.
EN RIESGO DE PRESCRIBIR LOS DELITOS
Marú Cázares, diputada que leyó en tribuna el punto de acuerdo, señaló que urge conocer dos temas: la tipificación de los delitos que se habrían cometido, pues nadie sabe cuáles son.
“Creemos que, de acuerdo con el Código Penal que estaba vigente entonces, por lo menos hablamos de peculado grave, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, uso de influencia, enriquecimiento ilegal, falsificación de documentos, además de los delitos relacionados con la Ley de Instituciones de Crédito, que, por el monto estafado, son graves y no ameritan libertad bajo fianza”, expresó.
El otro aspecto a saber, dijo, se refiera a la prescripción de los probables delitos, que al haber sido cometidos en 2010 —han pasado casi 9 años—, algunos estarían en riesgo de fenecer.
“El escenario se torna muy complejo para poder determinar las cuentas y los plazos de prescripción para cada delito. Esto, partiendo del cálculo aproximado de que los delitos financieros, al menos los que existían en aquellos días, prescribían en promedio de entre 5 y 9 años”, refirió la legisladora.
“Sigo sin entender esta actitud del PRI y sus partidos aliados por estar enviando todo a comisión, sobre todo en un tema tan crucial”, expresó el diputado promovente Gerardo Aguado.
