Coahuila: Sin freno crisis por embarazo adolescente; más de 650 niñas dieron a luz
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Casos persisten, pese a que la ley castiga a quien tenga sexo con menores de 15 años; expertos y autoridades piden ampliar programas de educación sexual en escuelas
El embarazo infantil y adolescente continúa siendo un reto para las instituciones de salud, educación y protección de la infancia en Coahuila. Las cifras más recientes muestran que este fenómeno persiste en la entidad.
De acuerdo con datos de Matatena A.C., en 2024 se registraron 654 embarazos que llegaron a término en niñas menores de 15 años en Coahuila.
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En el desglose de los nacimientos registrados en ese periodo se reportó un caso en una menor de 12 años, 32 en adolescentes de 13 años y 162 en niñas de 14 años. A partir de los 15 años la cifra aumenta: se contabilizaron 459 nacimientos en jóvenes de 15 años, 885 a los 16, mil 344 a los 17, mil 569 a los 18 y 2 mil 32 a los 19 años.
Datos difundidos previamente por VANGUARDIA indican que en 2023 se registraron 225 embarazos en niñas menores de 15 años y 6 mil 219 en adolescentes de entre 15 y 19 años. En el 51.5 por ciento de los casos, los padres eran hombres mayores de edad.
Al comparar ambos registros, las cifras muestran que el fenómeno se mantiene en niveles similares. En el caso de menores de 15 años, los registros de 2024 contabilizan 195 nacimientos entre los 12 y 14 años, una cifra cercana a los 225 embarazos reportados en 2023 para ese mismo grupo de edad. En el rango de 15 a 19 años también se observa una tendencia similar, con 6 mil 289 nacimientos registrados en 2024 frente a los 6 mil 219 embarazos reportados el año anterior.
La legislación mexicana establece que las relaciones sexuales con menores de 15 años constituyen un delito. Asimismo, el Código Penal de Coahuila señala en su artículo 229 que se considera violación equiparada la cópula con una persona menor de quince años, conducta que puede castigarse con penas de entre once y dieciocho años de prisión.
Ante estos casos, las normas de salud obligan a las instituciones a analizar posibles situaciones de violencia. La Norma Oficial Mexicana NOM-047 establece que, cuando se detecta un embarazo en menores de 15 años, el personal médico debe identificar factores de riesgo y señales que permitan descartar o detectar posibles casos de abuso, y proceder conforme a los lineamientos de atención a la violencia familiar y sexual.
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La Norma Oficial Mexicana NOM-046 también establece protocolos para la atención de embarazos derivados de agresiones sexuales. Entre ellos se contempla la posibilidad de solicitar la interrupción del embarazo conforme a la legislación aplicable y con información completa para que la decisión sea informada.
En México, el Código Penal Federal establece que no es punible el aborto cuando el embarazo es resultado de una violación. En el caso de Coahuila, en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto prevista en el Código Penal estatal, al considerar que esta medida vulneraba los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
La discusión sobre el tema volvió recientemente a la agenda pública tras conocerse el caso de una niña de 11 años en Coahuila cuyo embarazo fue detectado cuando ya tenía 28 semanas de gestación. Las autoridades informaron que el caso sería analizado en coordinación con el sector salud para evaluar la alternativa de la interrupción del embarazo.
Cyntia Moncada, presidenta de Matatena, señaló que cada situación debe analizarse considerando el nivel de desarrollo y comprensión de la menor. Explicó que en niñas de la misma edad pueden existir distintos niveles de madurez para entender lo que ocurre, por lo que las decisiones deben tomarse con información clara, acompañamiento familiar y sin presiones externas.
También subrayó que la NOM-046 no establece un límite específico de semanas para la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual, por lo que las decisiones deben evaluarse conforme al contexto de cada caso y siempre priorizando el bienestar de la menor.
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Añadió que cuando las instituciones de salud no detectan oportunamente estos casos o no brindan la atención adecuada, puede existir una responsabilidad del Estado. En ese sentido, señaló que la protección de niñas y adolescentes implica garantizar atención médica, apoyo psicológico y acompañamiento legal.
EL AGRESOR ESTÁ EN EL ENTORNO CERCANO
Históricamente, la educación sobre prevención de riesgos ha insistido en no confiar ni interactuar con desconocidos, evitar abrir la puerta a extraños y mantener precauciones frente a personas externas al hogar. Sin embargo, gran parte de los abusos sexuales contra menores son cometidos por personas del entorno cercano, como familiares o conocidos, lo que evidencia la necesidad de complementar la prevención con información sobre límites y seguridad dentro de la propia red social y familiar de niñas y adolescentes.
La procuradora para Niños, Niñas y la Familia de Coahuila, María Teresa Araiza, afirmó que en muchos casos los responsables de delitos sexuales son personas conocidas por las víctimas. De igual manera, sentencias públicas relacionadas con delitos sexuales contra menores indican que en casi la totalidad de los casos los agresores son familiares, lo que obliga a reforzar las campañas de prevención, educación sexual y denuncia.
Señaló que la Procuraduría ya cuenta con un estudio sobre los perfiles de los agresores, información que servirá para diseñar políticas públicas y fortalecer la prevención de delitos sexuales contra la infancia.
Autoridades y especialistas coinciden en que, además de la atención institucional, es necesario ampliar los programas de educación sexual en escuelas y comunidades, así como fortalecer la información para adolescentes y familias sobre derechos, salud reproductiva y prevención de la violencia.
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Araiza Llaguno señaló que en los últimos ocho años el estado ha logrado reducir en un 40 por ciento los embarazos en adolescentes. Sin embargo, aclaró que esto no debe interpretarse como un problema resuelto.
La funcionaria indicó que el objetivo de las políticas públicas es evitar los embarazos en menores de 15 años y fortalecer las acciones de prevención, investigación y acompañamiento a las víctimas.
