Investigaciones por megadeuda no impactarán en el presupuesto de Coahuila

Las finanzas de Coahuila no se verán afectadas por la reapertura en las investigaciones que haga la Fiscalía General del Estado de la deuda pública, como lo dio a conocer en su momento la Auditoría Superior del Estado, tras obtener fallos a favor en amparos interpuestos contra el no ejercicio de la acción penal decretada por la extinta PGJE, explicó el secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila.

El Secretario de Finanzas dio a conocer que la información de la contratación de los créditos de la deuda pública están en internet desde la administración pasada, al igual que las reestructuras que ha tenido este pasivo.

VANGUARDIA dio a conocer que la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción deberán continuar con las investigaciones y dictar una nueva resolución sobre los responsables de la megadeuda, esto debido a que la Auditoría Superior del Estado ganó amparos en contra del “no ejercicio de la acción penal” que había resuelto la PGJE en el sexenio pasado.

“No (tendría implicaciones la reapertura de investigaciones) nosotros seguimos de acuerdo con un presupuesto autorizado, así lo hemos venido ejerciendo, tanto lo que se tiene de parte de la Federación como de ingresos propios”, dijo Blas José Flores Dávila.

El Secretario de Finanzas dio a conocer que no les han solicitado nueva información las autoridades, y todo lo que en algún momento fue solicitado está en las páginas electrónicas.

Incluso con el Congreso del Estado se compartió información sobre la deuda pública de la entidad que está vigente, además de todos aquellos refinanciamientos y contratación de nuevos créditos.

Blas José Flores señaló que con el último refinanciamiento habrá un ahorro cercano a los 400 millones de pesos, y el saldo actual de la deuda bancaria a largo plazo es de 36 mil 500 millones de pesos.

Además la amortización de los 2 créditos de corto plazo lleva un avance de más del 50 por ciento; uno de los créditos se pidió en diciembre de 2018 y fue por 550 millones de pesos y otro más de 200 millones de pesos contratado en febrero de 2019.

Esos préstamos se utilizaron para pagar las nóminas del sector educativo, principalmente, debido al retraso en la llegada de fondos federales para este rubro.