No investiga PGR denuncia por empresas ‘fantasma’: Luis Fernando Salazar
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No ha atendido la querella que presentó hace un año
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha atendido la querella que presentó hace un año y medio el senador con licencia coahuilense, Luis Fernando Salazar, quien en ese entonces denunció al ex gobernador Rubén Moreira de desviar 160 millones de pesos a través de empresas fantasma.
El 29 de septiembre de 2016, Salazar y otros 36 senadores firmaron una denuncia que fue entregada a la PGR, entonces presidida por Arely Gómez, en la que pedía que se abriera una investigación contra Moreira por el presunto desvío de recursos del erario de Coahuila a través de empresas inexistentes.
Sin embargo, de acuerdo con el presidente del PAN en Coahuila, Bernardo González, la PGR no ha iniciado ni siquiera averiguaciones previas ante las denuncias señaladas.
“No ha hecho nada la PGR, se ha visto evidenciado que se ponen al servicio el PRI, al servicio de los hermanos Moreira y todas las denuncias que ya se presentaron por las empresas fantasma no han sido atendidas por esa autoridad. Es muy lamentable”, dijo.
En abril del año pasado, Salazar denunció que la PGR hizo oídos sordos a su denuncia y recordó que además ya había hecho una solicitud formal para que atraigan las investigaciones relacionadas a la deuda pública de Coahuila.
Halla ASE inconsistencias
La Auditoría Superior del Estado encontró observaciones en los siguientes 13 proveedores: Asha Consultores Especializados, S.A. de C.V; Centro de Especialidades Corporativas, S.C; Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V.; Comercializadora Vilansa, S.A. de C.V.; Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V; Consultora Murano, S.A. de C.V.; Consultorías Bardo, S.A. de C.V; Grupo SJ3, S.A. de C.V.; Hotelería y Alimentos GRF, S.A. de C.V.; Proveedor: Nuberia Comercial de México, S.A. de C.V.; Operadora de Negocios EGEO, S.A. de C.V.; Riviera Álamo, S.A. de C.V. y Consultoría Integral Vilzel, S.A. de C.V.
Las principales observaciones es que los prestadores no proporcionaron la documentación que justifique la prestación de los servicios.
