ASE de Coahuila confirma que hay irregularidades de 410 mdp por empresas “fantasma”

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila encontró un posible quebranto del gobierno estatal de 410 millones 61 mil 771.56 pesos otorgados en contratos a 13 empresas supuestamente “fantasma”.

Según el informe “Cumplimiento de los Puntos de Acuerdo turnados a la Auditoría Superior del Estado, por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Coahuila”, la ASE realizó 179 observaciones por falta de comprobación e información insuficiente, así como 136 observaciones por incumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios para el Estado.

Jesús de León Tello, exdiputado panista de la anterior legislatura, denunció que la ASE subió el informe de manera clandestina el pasado 28 de diciembre, cuando el Congreso había instruido al Auditor la revisión de empresas en el punto de acuerdo del 27 de septiembre de 2016.

La ASE encontró observaciones en los siguientes 13 proveedores: Asha Consultores Especializados, S.A. de C.V; Centro de Especialidades Corporativas, S.C; Distribuidora Universal Tobosa, S.A. de C.V.;Comercializadora Vilansa, S.A. de C.V.; Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V; Consultora Murano, S.A. de C.V.; Consultorías Bardo, S.A. de C.V; Grupo SJ3, S.A. de C.V.; Hotelería y Alimentos GRF, S.A. de C.V.; Proveedor: Nuberia Comercial de México, S.A. de C.V.; Operadora de Negocios EGEO, S.A. de C.V.; Riviera Álamo, S.A. de C.V. y Consultoría Integral Vilzel, S.A. de C.V.

Las principales observaciones es que los prestadores no proporcionaron la documentación que justifique la prestación de los servicios; en algunos casos no proporcionaron el expediente técnico del proceso de adjudicación. Además, en otros casos las operaciones fueron realizadas sin que el certificado de aptitud del proveedor se encontrara vigente.

Otras irregularidades de las empresas es que no se presentaron algunas transferencias de pago (SPEI), no proporcionaron la documentación que justifique la recepción y destino de los bienes o no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de algunas operaciones.

Además, de las operaciones con proveedores de bienes quedaron pendientes la exhibición de los resguardos, algunas operaciones fueron realizadas sin que el certificado de aptitud del proveedor se encontrara vigente, se realizaron algunas operaciones por conceptos distintos a la especialidad preponderante del proveedor y algunos proveedores no se encontraban registrados dentro del padrón de proveedores de la Administración Pública Estatal.

La ASE también señaló irregularidades de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, pues emitió Certificados de Aptitud después de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud para pertenecer al Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal de 5 empresas señaladas. Tampoco proporcionó la documentación que comprobara y evidenciara la solvencia económica y capacidad para la prestación del servicio de los siguientes proveedores de seis empresas señaladas.

La ASE encontró que varias empresas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, el apoderado legal de la empresa Consultoría Integral Vilzel, S.A. de C.V., es también el representante legal de la empresa Consultorías Bardo, S.A. de C.V., y Asha Consultores Especializados, S.A. de C.V.

El representante legal de Consultorías Bardo, S.A. de C.V., funge como representante legal del proveedor Asha Consultores Especializados, S.A. de C.V. 4. Los proveedores Asha Consultores Especializados, S.A. de C.V. y Consultorías Bardo, S.A. de C.V., cuentan con el mismo domicilio fiscal.

Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V. y Riviera Álamo, S.A. de C.V ni siquiera acreditaron la actividad preponderante.

Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V., Grupo SJ3, S.A. de C.V., Comercializadora Vilansa, S.A. de C.V. y Consultoría Integral Vilzel, S.A. de C.V, no reflejaron liquidez financiera en sus respectivos estados financieros.

La ASE concluyó que “no tiene elementos de juicio para emitir una opinión favorable acerca del uso y destino de los recursos públicos por un valor de $410,061,771.56”. Para Jesús de León representa una “frase rebuscada”; “simplemente no tienen un soporte y confirma que se desviaron esos recursos del gobierno del estado por parte del exgobernador”.