Pide ASE conocer el avance de denuncias por megadeuda
La Auditoría presentó documentación con la cual comprueba que interpusieron cuatro denuncias por la megadeuda
Ante la nula información existente en el avance de las denuncias penales y administrativas, presentadas y derivadas de la revisión de las cuentas públicas cada año, la Auditoría Superior del Estado le está pidiendo al Congreso local reformar las leyes, y que tanto los órganos de control como la PGJE le informen sobre el seguimiento.
“Se plantea la necesidad de que por la naturaleza de las sanciones, las entidades encargadas de implementarlas (órgano interno de control o instancia judicial) estén obligadas a informar a la Auditoría Superior del resultado final de sus gestiones y que ésta, a su vez, cuente con las facultades necesarias para pronunciarse sobre las sanciones impuestas, así como las resoluciones emitidas”, explica la Auditoría en el apartado de agenda legislativa de su Informe Anual del Resultados.
La ASE ha dado vista y presentado 60 recursos legales contra quien resulte responsable ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, derivado de la revisión de cuentas públicas del 2007 al 2014, sin embargo no es informado de los avances ni los resultados.
Recientemente se entró en polémica entre la PGJE y la Auditoría Superior porque en el Congreso Estatal, el procurador Homero Ramos Gloria, expuso que no tenían denuncias sobre la megadeuda de Coahuila.
La Auditoría presentó documentación con la cual comprueba que interpusieron cuatro denuncias por la megadeuda y dos más relacionadas con este tema, pero las respuestas sobre los avances e indagatorias son que la Ley impide dar a conocer detalles.
“Le corresponde llevar el trámite de la averiguación previa, única y exclusivamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde queda fuera del alcance de este órgano técnico de fiscalización superior el impulso procesal necesario, quedando al arbitrio del representante social el cumplimiento de los plazos para el ejercicio de la acción penal ante el Juez de Primera Instancia en materia penal que corresponda”, expone la Auditoría como una de las trabas a la que se enfrenta.
Expone además que “el Agente del Ministerio Público como órgano oficial de acusación tiene la obligación de recabar las pruebas suficientes que acrediten la culpabilidad del presunto responsable, sin embargo, en la persecución de los delitos en busca de sancionar a los servidores públicos que ocasionaron daños a la hacienda pública o el patrimonio de las entidades, se ha evidenciado un escaso nivel de profesionalización en materia de fiscalización”.
La ASE pide la profesionalización de los ministerios públicos en material de fiscalización y tener avances en la implementación del Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción.
