Saltillo: sin aplicar Ley Silla en supermercados; cajeros y cerillos siguen en iguales condiciones
La Ley Silla, en vigor desde el pasado 17 de junio, establece que los empleadores deben poner a disposición de trabajadoras y trabajadores una silla apropiada para que puedan tomar sus descansos. La intención de la ley, según se ha dicho, es evitar jornadas extenuantes en los trabajadores y, así, mejorar su salud y calidad de vida.
Aunque esta reforma es obligatoria para todo el sector empresarial, va dirigida especialmente al giro comercial. Es en ese rubro donde se ubican los supermercados.
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Con la integración de la ley y su puesta en marcha, Vanguardia recorrió cuatro de los supermercados más grandes y de mayor concurrencia en la ciudad. Este ejercicio tuvo como objetivo observar si los trabajadores permanecen bajo las mismas condiciones o si la situación ha cambiado y tienen ya un espacio destinado para tomar sus descansos.
“No. Ni nos han traído nada, ni nos han dicho nada”, comentó de manera anónima una de las cajeras. La cadena no ha implementado las medidas, al menos no para la sucursal en la que ella trabaja.
En otro de los supermercados, cinco eran las cajeras que estaban atendiendo las filas. Dos de ellas sí tenían, en su área, una silla diminuta. El resto permanecía de pie, al lado de un banquillo que, aunque suene redundante, también era diminuto.
Además, aunque la ley no especifica cuestiones como la zona en la que deben ubicarse ni el tiempo destinado para los descansos, sí puntualiza que los asientos deben contar con un respaldo; es decir, deben ser sillas.
“¿Estos? No, estos banquitos están desde que yo entré. Ya tienen mucho”, dijo uno de los cajeros de otra tienda.
El cerillito de la misma caja mencionó que él y sus compañeros están al tanto de la reforma. “Pues aquí no hay, pero en otras tiendas sí tienen, por ejemplo, banquitas de madera. No sé si sean para los cerillos, pero yo he visto que ahí ellos se sientan cuando no tienen gente”, agregó el empacador.
Si bien las empresas están obligadas a cambiar su normativa interna dentro de los próximos 178 días (180 desde la entrada en vigor de la ley), tienen hasta el 14 de diciembre de 2025 para dejar listas todas las adecuaciones. De no cumplir con su obligación, los empleadores podrían ser sancionados con multas que van desde 250 hasta 2,500 UMA (Unidad de Medida y Actualización), y con la posible suspensión de actividades en caso de reincidencia.
