Saltillo: Voto por un Poder Judicial que esté del lado de nuestros hijos, no de sus deudores
Cuando María Casas firmó su divorcio, creyó que por fin tendría paz. Acordó una convivencia libre con el padre de su hija, confiando en que él seguiría presente en la vida de la menor. Pero cuando se negó a aceptar una pensión de apenas 270 pesos semanales, comenzó un proceso judicial que, cinco años después, sigue sin resolverse.
El padre renuncia a su empleo cada vez que el juzgado intenta ejecutar la sentencia de pensión retroactiva.
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“Desde ese momento hasta la fecha, no volvió a ver a mi hija, pero tampoco se hace cargo de ningún gasto económico de ella”, comenta.
En Coahuila, el acceso a una pensión alimenticia digna sigue siendo un privilegio al que muy pocas madres pueden aspirar. Para quienes lo intentan, el camino suele estar lleno de trabas legales, indiferencia institucional y omisiones sistemáticas.
Lejos de ser un derecho garantizado, el reclamo de pensión se convierte en una lucha de resistencia.
María, activista e impulsora de la iniciativa “3 de 3 contra la violencia de género”, señala que además de criar, cuidar y trabajar, las madres deben presionar al Estado para que haga justicia.
Este domingo salió a ejercer su voto porque está convencida de que el sistema judicial necesita un cambio: los juzgadores no tienen perspectiva de género ni de infancias. Con 300 pesos a la semana no se cubre ni lo básico, y cuando por fin llega una sentencia, nadie vigila su cumplimiento.
LUCHA DESGASTANTE
Teresa Meza también ha vivido este desgaste. Su caso comenzó con una demanda del progenitor para establecer convivencia con sus dos hijos en 2019.
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Él propuso visitas cada 15 días y una pensión de 400 pesos. El juez determinó visitas supervisadas, una evaluación psicológica y una pensión formal. Sin embargo, él no cumplió.
“Nunca entregó documentos, ni domicilio, ni aval. Y cuando quise ponerlo en la lista de deudores alimentarios, el juzgado me dijo que la ley aún no estaba publicada en Coahuila”, explicó Teresa.
Desde 2021, sus hijos no han recibido un solo peso. El expediente quedó archivado y ahora debe reiniciar el proceso. Desde su experiencia, señaló que el acceso a la justicia es inalcanzable para muchas madres por su alto costo y la falta de rutas claras. No saben a dónde acudir ni con quién para garantizar la pensión de sus hijos.
María y Teresa no están solas. Representan a miles de mujeres en Coahuila que han vivido lo mismo: archivos cerrados, sentencias sin ejecución y un Poder Judicial que no mira ni escucha.
Ambas reconocen que detrás del abandono institucional hay una idea equivocada: que las madres están favorecidas por la ley. Ambas entienden el voto como una forma de resistencia y una vía para exigir que el sistema judicial se transforme. Votan por un cambio, por un poder judicial con perspectiva de género e infancias.
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“Siempre digo que todas las mujeres que actuamos en el tema de los deudores alimentarios lo hacemos desde la más digna rabia y desde el deseo de que nuestros hijos e hijas tengan lo que merecen”. dijo Teresa.
