Sentencia absolutoria de Mónica Esparza espera respaldo del Primer Tribunal Unitario de Coahuila

En próximos días, el Primer Tribunal Unitario de Coahuila del Poder Judicial de la Federación confirmará o revocará la sentencia que dejó en libertad a Mónica Esparza Castro, coahuilense víctima de tortura sexual, luego que la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, impugnaran la decisión del pasado 12 de febrero.

Melissa Zamora, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, recordó que en la sentencia absolutoria del juez Yuri Alí Ronquillo, se reconoció su inocencia y se acreditaron violaciones a los derechos humanos, empezando por la detención arbitraria, la tortura, la fabricación de pruebas, entre otras.

Mónica Esparza y su hermano Édgar Menchaca Castro, junto con la pareja de Mónica, fueron detenidos arbitrariamente por policías municipales de Torreón el 12 de febrero de 2013. Después fueron torturados para firmar una confesión y presentados como secuestradores. La pareja de Mónica fue asesinada en el proceso de detención, mientras que Mónica sufrió tortura sexual, según acreditó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mónica estuvo recluida en un Cefereso de Morelos hasta el 13 de febrero de este año que salió de la cárcel.

Sin embargo, tanto la FGR como la CEAV presentaron un recurso de apelación, mismo que se prolongó debido a la suspensión de procesos a causa de la pandemia por el Covid-19. Melissa Zamora dijo que el 7 de octubre finalmente se celebró la audiencia de vista y a partir de ese momento la ley marca 8 días hábiles para tener una resolución.

“El Tribunal Unitario tiene la facultad de confirmar la sentencia absolutoria, el efecto es que queda firme, que tiene efecto. Al día de hoy Mónica no tiene sus derechos políticos electorales, los cuales tienen mucha repercusión en su vida: no tiene su identificación, no puede tener acceso a beneficios como apoyos sociales del gobierno, encontrar trabajo; recuperar la tutoría con sus hijos e hijas está supeditado a documentos de identidad”, explicó la defensora del Centro Prodh.

La otra opción, agregó, es que se ordene la revocación de la sentencia y se emita una condenatoria. Zamora aseguró que desde el Centro Prodh consideran que no hay ningún motivo jurídico para cambiar la sentencia. “No hay prueba nueva, no hay insumo nuevo. Creemos que se va a confirmar”, comentó.

FGR apela sin pruebas

Melissa Zamora ahondó en que la FGR presentó un documento de agravios encaminado a reforzar lo que se dijo en la primera instancia, donde buscan darle valor probatorio a las entrevistas de los policías aprehensores, valorar el informe policiaco y las declaraciones de las supuestas víctimas.

Para Zamora, preocupa que la FGR desestime las violaciones a derechos humanos que están acreditadas y la tortura que tuvo un fin, más cuando se está documentado.

Por el contrario, dijo que el Centro Prodh agregó una nueva prueba que son opiniones (24/2020) del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria. “En junio ya una instancia internacional como las Naciones Unidas tiene por acreditada la detención arbitraria y que por tanto el estado mexicano tiene el deber de valorar el impacto en el proceso”, comentó Zamora.

Así mismo, sobre el hecho que la CEAV también haya impugnado, explicó que la dependencia tiene la facultad de hacerlo por la representación de las supuestas tres víctimas de secuestro; sin embargo, aseguró que las tres supuestas víctimas nunca dieron una declaración en sede judicial, las declaraciones se contradicen y nunca se apersonaron en el proceso.

“En estos 7 años se dedicó a notificarles del proceso y nunca ha habido participación, señalamiento ni identificación hacia Mónica. Vemos con preocupación que una dependencia dedique su esfuerzo cuando las víctimas nunca estuvieron interesadas, no hay una verdadera representación de personas”, expuso.

Melissa Zamora confió que el magistrado Enrique Chávez Peñaloza, confirme la sentencia absolutoria y Mónica pueda rehacer su vida, pues en esto seis meses desde que se impugnó la resolución, sigue viviendo en la incertidumbre.