Va Congreso de Coahuila por máquinas tragamonedas y mini casinos

Con el fin de preservar la seguridad en Coahuila, el Congreso local analiza una iniciativa de ley que propone tipificar como delito la operación de juegos de azar no autorizados, con el objetivo de erradicar las máquinas tragamonedas.

La propuesta fue presentada por la diputada Zulmma Guerrero, quien busca agregar el artículo 338 BIS al Código Penal del estado para establecer sanciones claras para quienes fabriquen, comercialicen, almacenen, instalen, posean o exploten máquinas tragamonedas o minicasinos.

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La iniciativa plantea penas de prisión de dos a cuatro años y multas de entre tres mil y cinco mil días por la violación de estas disposiciones. Señala que se considerará como “máquinas tragamonedas o minicasinos” a cualquier dispositivo, ya sea mecánico, electromecánico, electrónico, digital o de cualquier otra naturaleza, que permita a los usuarios ganar premios en efectivo, bienes, servicios o cualquier otro beneficio económico, dependiendo del azar o de un algoritmo programado. Esto incluye aquellos que operen de manera autónoma o estén conectados a una red local o remota, como los que utilizan software de simulación de apuestas.

Durante la exposición de motivos, Zulmma Guerrero destacó que, a nivel nacional, la Ley Federal de Juegos y Sorteos ya prohíbe la operación de estas máquinas en cualquiera de sus modalidades. Aunque las autoridades han llevado a cabo operativos para su decomiso y destrucción, la proliferación de estas máquinas en establecimientos comerciales de Coahuila demuestra la necesidad urgente de tipificar el delito en el Código Penal estatal y sancionar a quienes las operen o lucren con ellas.

La legisladora recordó que, en 2012, la Constitución local fue reformada para prohibir los usos de suelo destinados a casinos, centros de apuestas y salas de sorteos como medida para contribuir a la seguridad y el bienestar de las familias coahuilenses.

Los casinos fueron considerados una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, además de ser una práctica que genera graves perjuicios económicos y sociales. En ese sentido, la legisladora aseguró que el objetivo de esta reforma está siendo amenazado por la expansión descontrolada de minicasinos y máquinas tragamonedas en misceláneas de barrios, ejidos y sectores populares.

Además de ello, la diputada señaló que el uso de estos artefactos fomenta la ludopatía y afecta especialmente a menores de edad y amas de casa que ven en el azar una oportunidad de mejorar su situación económica, además de promover actividades clandestinas de apuestas en espacios comunitarios, generando un deterioro en la salud mental.

Según datos proporcionados por la legisladora, estudios indican que la operación de máquinas tragamonedas ilegales en México genera ingresos aproximados de 600 millones de pesos semanales, lo que equivale a más de 31 mil millones de pesos anuales. Al operar en la clandestinidad y fuera del control del Estado, estos dispositivos se convierten en un foco de financiamiento para actividades ilícitas como el narcotráfico y el lavado de dinero, fortaleciendo redes delictivas que afectan la seguridad y estabilidad social.