Analiza IP amparo contra la ley 3de3
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Conmina la Concanaco a no exacerbar los ánimos ni anteponer intereses personales en detrimento de la transparencia y el eficiente manejo y uso de los recursos públicos
CDMX.- El comercio organizado del país analiza la posibilidad de interponer amparos ante el riesgo que implicará el articulo 32 de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual obliga a las personas físicas y morales que reciban recursos públicos o firmen contratos para la prestación de bienes y servicios al gobierno a presentar su declaración patrimonial y de intereses.
“Consideramos que no se debe afectar a personas que son beneficiarias de algún programa social o a micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras de productos y servicios al Gobierno”, consideró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) Enrique Solana Sentíes.
El dirigente destacó que dicho artículo fue incluido de último minuto durante la discusión que se dio en el Senado de la República para aprobar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Si bien, consideró que en México era “impostergable” contar con un Sistema Nacional Anticorrupción para combatir esta “extendida práctica que ha representado un grave costo económico al país”, la Confederación anunció que mantendrá un acercamiento constante con los legisladores, luego de que los coordinadores de las principales bancadas han reconocido que la Ley 3de3 fue aprobada con algunas imprecisiones en esta materia y que por consiguiente trabajarán para establecer claramente quién debe presentar la declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de interés.
Aunque señaló que con el SNA “se ha dado un paso firme en favor del Estado de Derecho”, el cual dijo, es indispensable para generar un ambiente de certidumbre que incentive las inversiones y propicie más y mejores empleos.
“Estamos seguros y convencidos de que el SNA deberá seguirse perfeccionando con las experiencias que deriven de su implementación, sin dejar de atender las demandas ciudadanas”, afirmó Enrique Solana.