Pide IP ‘no darle en la torre’ a las organizaciones con el llamado Plan C
COMPARTIR
Ahora que Morena aseguró la mayoría en el Congreso de la Unión y con ello la continuidad al llamado Plan C, el presidente de la Canacintra Coahuila Sureste, Eduardo Garza Martínez, demandó que no utilice esa mayoría para “darle en la torre” a las organizaciones al cambiar la Constitución, pues esa es la intención de dicho plan.
“Esperemos que entren en razón y vean que ese tipo de desarrollos van en contra de la democracia en México, que esas reformas buscan anular a los organismos autónomos que tanto nos costaron para ir afianzando nuestra democracia, y una muestra de esa democracia es que ellos ganaron sin ningún problema y también en el 2018”, dijo.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pide la Iniciativa Privada de Coahuila a los candidatos ganadores?
Agregó que volver a un sistema como el que existe en otros países donde no hay un árbitro y organismos que estén sancionando las acciones de los dirigentes hará que todo sea más complicado, por ello espera que la presidenta electa sea más tranquila y haga algo para que no se den esas situaciones.
“Queremos que las contrapartes estén funcionando, que estén fuertes y tengan todos los elementos, queremos un Poder Judicial y un Poder Legislativo autónomos. Esperemos que haya contrapesos como en cualquier democracia, si lo que se quiere es parecerse a Dinamarca, no a Venezuela, Nicaragua o Cuba”, añadió Garza Martínez.
Por ello, dijo que esperan que esa mayoría “no la usen para darle en la torre a nuestras organizaciones, para cambiar la Constitución, porque ese es el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, esa es su intención”.
A su vez, el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, Diego Gándara Cavazos, señaló que siempre han pensado que es bueno tener oposición en cualquier tema de discusión o consulta importante para tener dos caras. Indicó que como industriales seguirán solicitando que se mantenga la apertura al diálogo y a la negociación, además de que prevalezcan las condiciones óptimas para continuar incentivando la inversión.
“Lo que más preocupa de las reformas pendientes, es que se violen temas de democracia y constitucionales, ya que se desea que siga prevaleciendo un gobierno demócrata donde siga existiendo la consulta y apertura al diálogo”, expresó.
Por su parte, el empresario Héctor Horacio Dávila Rodríguez señaló que este lunes, 29 empresarios de Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León, Jalisco, México, Durango, Sonora y Yucatán sostuvieron una reunión virtual y van al pendiente de tres puntos, como son la Inversión Extranjera Directa, dar tiempo para ver si se concretan los proyectos grandes y la observación de posibles modificaciones a la Constitución.
“Al momento de haber algún cambio en estos tres factores será una alerta grandísima de no poder invertir y empezar a ver otros horizontes. Todo mundo está escamado de seguir invirtiendo o no seguir invirtiendo”, apuntó.
LAS INICIATIVAS PENDIENTES
En febrero de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso 20 iniciativas de reforma, a través de la Secretaría de Gobernación.
Reforma electoral. Contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en los gobiernos municipales y eliminar las candidaturas plurinominales; los diputados federales pasarían de 500 a 300 y el Senado, de 128 a 64 legisladores. Los magistrados de los organismos electorales serán electos con el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos y propone reducir del 40 al 30% los participantes en las consultas populares para hacerlas válidas y lo mismo aplicaría a la revocación de mandato.
Reforma judicial. Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores, serán electos de manera directa por el pueblo.
Guardia Nacional. Para evitar que esta institución se corrompa, se propone que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto respeto a los derechos humanos.
Austeridad republicana. Convertirla en política de Estado, para que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que el presidente de la República; no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del Gobierno federal.
Organismos autónomos. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés del pueblo.
Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos, consultarlos cuando se puedan hacer obras que puedan afectar su vida o entorno.
Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad.
Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
Prohibir el maltrato a los animales.
Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia.
No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no podrá ser menor a lo que perciben trabajadores inscritos en el Seguro Social.
Revertir las reformas de pensiones, tanto las aprobadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en 2007 por Felipe Calderón, porque impiden a los trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE jubilarse con el 100% de su salario.