Envenenar el agua para matar indígenas, ¿ocurrió en Saltillo?
¿Qué relación tuvo Saltillo con el plan de envenenar aguajes para matar indígenas en Coahuila?
En el desierto, el agua determina los caminos, las distancias y las posibilidades de sobrevivir. Durante siglos, los aguajes permitieron a los pueblos indígenas recorrer territorios donde la vida dependía de conocer el lugar exacto para detenerse a beber. Pero ese conocimiento también podía utilizarse en su contra. Bastaba con intervenir el agua para convertir una necesidad compartida en un instrumento de muerte.
Una carta del 14 de diciembre de 1862, conservada en el Fondo Santiago Vidaurri del Archivo General del Estado de Nuevo León, revela que el gobernador de Nuevo León y Coahuila ordenó colocar veneno en los aguajes del desierto para matar a los indígenas que bebieran de ellos.
El documento, reproducido en el libro Jesús Carranza y Santiago Vidaurri. Correspondencia, permite conocer una de las medidas más extremas utilizadas durante las campañas de persecución indígena en el noreste de México.
Saltillo también aparece relacionado con esas campañas: siete años antes, en 1855, sus habitantes habían recibido la exigencia de aportar tres mil pesos para financiarlas, según consta en el Archivo Municipal de Saltillo.
La orden de envenenamiento salió de Monterrey y fue dirigida a Jesús Carranza Neira, autoridad de Cuatro Ciénegas y padre de quien años después sería presidente de México, Venustiano Carranza. Santiago Vidaurri le comunicó el envío de una composición venenosa que debía utilizarse en los depósitos naturales de agua frecuentados por los indígenas.
No hacía falta esperar a que aparecieran, seguir sus huellas ni enfrentarlos con las armas. Bastaba con llegar primero a los aguajes, colocar el veneno y dejar que la sed hiciera el resto.
Los aguajes eran lugares conocidos por quienes recorrían los territorios áridos del norte. Algunos se formaban donde el agua brotaba de la tierra; otros eran depósitos naturales alimentados por las lluvias. Su ubicación determinaba rutas, descansos y desplazamientos. En el desierto, conocer un aguaje podía significar la diferencia entre sobrevivir o morir.
Los grupos indígenas que habitaban y transitaban aquellas regiones dependían de estos puntos de abastecimiento. Las autoridades también sabían dónde se encontraban. Ese conocimiento, que podía servir para localizar agua y sostener la vida, fue utilizado para planear su contaminación.
La carta de Vidaurri no se limitaba a mencionar el veneno. También disponía que se identificaran los aguajes contaminados para evitar que otras personas bebieran de ellos. La precaución revela el carácter selectivo de la operación: el agua debía seguir siendo segura para unos y convertirse en una amenaza para otros.
El propósito era provocar muertes e infundir miedo para obligar a los indígenas a abandonar aquellos territorios. No se trataba únicamente de perseguir a quienes las autoridades consideraban enemigos. La orden alcanzaba uno de los elementos indispensables para su supervivencia.
En la correspondencia aparecen también instrucciones para coordinar fuerzas militares vinculadas con Ugartechea y el destacamento de Agua Verde. La operación involucraba el territorio de Cuatro Ciénegas y otros puntos del norte de Coahuila, donde las campañas contra los grupos indígenas formaban parte de las actividades de las autoridades civiles y militares.
Sin embargo, la ejecución de la orden encontró un obstáculo irónico: la falta de agua.
El 10 de abril de 1863, casi cuatro meses después de recibir las instrucciones, Jesús Carranza informó a Vidaurri que los soldados habían recorrido el desierto en busca de depósitos adecuados para contaminarlos. Los aguajes inspeccionados estaban secos debido a la sequía, por lo que, según su propio informe, nada había podido hacerse hasta entonces.
Carranza propuso esperar al invierno siguiente para continuar con el propósito. La respuesta confirma que la orden fue recibida y que hubo una búsqueda de lugares donde ejecutarla, pero no demuestra que el envenenamiento se haya realizado posteriormente.
Entre los documentos consultados no se ha localizado una relación de aguajes efectivamente contaminados ni registros de personas fallecidas por beber de ellos. Lo que permanece es una orden escrita, el envío de una preparación venenosa y la disposición de utilizarla contra los indígenas.
El dinero de Saltillo
Siete años antes de aquella carta, Saltillo ya había recibido una orden relacionada con las campañas de persecución indígena.
En 1855, Santiago Vidaurri exigió al presidente municipal de Saltillo reunir tres mil pesos entre los habitantes de la villa.
La cantidad debía obtenerse mediante un préstamo forzoso y destinarse a la persecución de los llamados «indios bárbaros», expresión utilizada en la documentación oficial de la época.
La disposición quedó registrada en el Archivo Municipal de Saltillo, dentro del Fondo Presidencia Municipal, caja 99, expediente 20. Se trata de ocho fojas relacionadas con una orden que trasladaba a los habitantes de la ciudad parte del costo de las operaciones militares.
No se ha podido establecer qué vecinos entregaron dinero, cómo se distribuyó la carga ni cuánto se consiguió recaudar. El documento acredita la exigencia del gobernador.
En la misma caja del archivo existe otro expediente que reúne partes de la Guardia Nacional y disposiciones relacionadas con la persecución indígena. Sus referencias geográficas incluyen Saltillo, Ramos Arizpe, Parras, Palomas, Patos, Chiflón y Monterrey.
Estos registros muestran que las campañas no dependían únicamente de los soldados que recorrían el territorio. También requerían dinero, autoridades que ejecutaran las disposiciones y poblaciones obligadas a contribuir económicamente.
Saltillo no fue, hasta donde permite establecer la documentación consultada, escenario del envenenamiento de aguajes. Ya arriba se mencionó que incluso años después la sequía impidió el cumplimienot de la orden.
Pero queda claro que en pos de la guerra, y la presunta defenso de lo que cada bando considera correcto, se peuden cometer las mayor4es atrocidades.
Mientras las operaciones militares se desarrollaban lejos de las calles de Saltillo, su financiamiento podía exigirse a los habitantes de la ciudad.
La guerra contra quienes habitaban el desierto
Los antecedentes de la persecución indígena en Saltillo se remontan a los primeros años de la villa española.
Alberto del Canto, a quien la historiografía atribuye la fundación de Santiago del Saltillo en 1577, fue acusado de apresar a indígenas considerados pacificados, convertirlos en esclavos y venderlos.
El 26 de noviembre de 1578, Jerónimo de Orozco, presidente de la Real Audiencia de Guadalajara, informó al rey sobre esas prácticas.
Las acusaciones llegaron a la Corona. El 10 de junio de 1580 se expidieron en Badajoz dos reales cédulas que ordenaban detener a Del Canto y remitirlo ante la justicia. Las órdenes se encuentran registradas en el Archivo General de Indias, bajo las signaturas GUADALAJARA,230,L.2,F.53V-54R y GUADALAJARA,230,L.2,F.54R-54V. No se ha localizado una sentencia definitiva del proceso, por lo que las fuentes permiten comprobar las acusaciones y las órdenes de detención, pero no afirmar que haya sido condenado.
El historiador Carlos Manuel Valdés señala, en La gente del mezquite, que las comisiones para fundar poblaciones no autorizaban la captura de indígenas para esclavizarlos.
Aquellas acusaciones, formuladas casi tres siglos antes de la orden de Vidaurri, no demuestran una relación directa con el plan de envenenar aguajes. Sí muestran un antecedente regional de la persecución indígena en los conflictos por la ocupación del territorio.
Durante los siglos XVIII y XIX, las autoridades coloniales y, posteriormente, las del México independiente mantuvieron numerosos enfrentamientos con los pueblos indígenas del norte. La expansión de las villas, haciendas y ranchos, así como la apropiación de tierras y fuentes de agua, modificó territorios que distintos grupos habían ocupado y recorrido mucho antes de la llegada de los españoles.
Para las autoridades, aquellos pueblos aparecían frecuentemente en los documentos como una amenaza a los caminos, las propiedades, los animales y las poblaciones. Las incursiones indígenas y las expediciones militares alimentaron una sucesión de ataques, represalias y campañas de persecución.
La documentación oficial utilizaba expresiones como «indios bárbaros», «indios enemigos» o «indios de guerra». Estas denominaciones no describían necesariamente a un solo pueblo ni distinguían siempre entre personas que habían participado en enfrentamientos y aquellas que simplemente pertenecían a determinados grupos.
El lenguaje permitía reunir bajo una misma categoría a poblaciones diversas, con formas distintas de organización, movilidad y relación con el territorio. Así, una clasificación administrativa podía convertirse en una justificación para perseguirlas.
Los indígenas conocían el desierto de una manera que las fuerzas militares difícilmente podían reproducir. Sabían dónde encontrar agua, qué rutas seguir según las estaciones y cómo desplazarse por regiones que para los recién llegados resultaban difíciles de recorrer.
Los aguajes eran parte de ese conocimiento territorial. También eran puntos vulnerables: aunque los grupos pudieran cambiar de camino o dispersarse para escapar de las tropas, seguían necesitando beber.
La orden de diciembre de 1862 aprovechaba precisamente esa necesidad. En lugar de limitar la persecución a los enfrentamientos armados, proponía intervenir el ambiente del que dependían los perseguidos.
El agua contaminada no habría distinguido entre combatientes, mujeres, niños o ancianos. Tampoco necesitaba que una persona estuviera armada o participara en un ataque. El daño podía ocurrir después de que los soldados se hubieran retirado, cuando alguien llegara a beber sin conocer la amenaza.
Esta característica diferencia el envenenamiento de otras formas de violencia registradas en las campañas militares de la época. El objetivo ya no era solamente localizar y combatir a determinados grupos, sino hacer inseguro uno de los recursos indispensables para permanecer en el territorio.
Los rastros del veneno
La orden de Vidaurri no quedó únicamente en una referencia aislada. El historiador Horacio Domínguez Lara, en su Microhistoria de San Buenaventura, recuperó información sobre las disposiciones para contaminar aguajes, el envío de botellas con una preparación venenosa y las comunicaciones dirigidas a las autoridades municipales.
Estas referencias permiten seguir el movimiento de la instrucción desde el gobierno hacia las autoridades locales. El veneno debía ser enviado, recibido y utilizado por personas concretas. También era necesario informar sobre los puntos de agua que pudieran resultar peligrosos.
La propia necesidad de emitir advertencias revela un problema que el gobierno estaba dispuesto a crear: una vez contaminado un depósito natural, resultaría difícil controlar quién podría beber de él.
El agua que se pretendía utilizar contra los indígenas era la misma que necesitaban los viajeros, los habitantes de los ranchos y las personas que atravesaban aquellas regiones. Su contaminación habría convertido un lugar compartido en un riesgo cuyas consecuencias no podían depender únicamente de la voluntad de quienes habían dado la orden.
La sequía de 1863 impidió, según el informe de Jesús Carranza, llevar a cabo la operación en los aguajes inspeccionados. Su respuesta ofrece una imagen distinta a la prevista por Vidaurri: los soldados recorriendo el desierto en busca de agua para contaminarla y encontrando únicamente depósitos secos.
El plan quedó pendiente, al menos hasta la fecha de aquella comunicación.
Las huellas de una orden de exterminio
La historia del envenenamiento de los aguajes no aparece entre los acontecimientos más conocidos de Coahuila. Se encuentra dispersa en cartas, expedientes administrativos, investigaciones históricas y registros municipales.
La carta a la que hago referencia y la respuesta de Jesús Carranza demuestran que la orden dio lugar a recorridos para encontrar dónde ejecutarla y que la sequía impidió hacerlo en los depósitos inspeccionados.
Durante generaciones, conocer la ubicación de los aguajes había permitido a los pueblos indígenas recorrer aquellos territorios. El mismo conocimiento que hacía posible encontrar agua también permitía a sus perseguidores saber dónde esperarlos, incluso sin estar presentes.
En el desierto, el agua seguía determinando los caminos, las distancias y las posibilidades de sobrevivir. Lo que había cambiado era que llegar al lugar exacto para detenerse a beber también podía significar la muerte.
Hoy podemos preguntarnos cómo se relaciona esta historia de casi 200 años con nuestros días.
¿Qué actos, órdenes oficiales, discursos y prácticas ejercidas desde el poder (cualquier que los ostente y lo ejecute) podrían comaprarse?
¿Qué vemos normal, cotidano pero no lo es?
¿Hay informaicón que irculan a plena luz del día, haciéndose pasar por causas justas, pero afectando a los más vulnerables, siendo formas modernas de envenenarnos?
Tal vez.
