Acusan a maestra de abusar de 26 bebés en guardería subrogada al IMSS, en Chihuahua

Como ferviente cristiana, Ruth Escareño recordó sus lecturas de la Biblia y el versículo de Mateo 18:6-11: al que haga daño a uno de mis pequeños, merece que le aten al cuello una piedra de molino y lo tiren al fondo del mar.

Son bebés, ¿por qué?, exclama llorando.

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Aún sin poder asimilar el sufrimiento que la maestra Naomy Yamileth Rodríguez Pérez le hizo presuntamente a su niña –y a otros 25 bebés con edades de 43 días de nacidos a dos años y medio– las palabras de la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, retumban en su cabeza:

“Señoras, nos estamos enfrentando a una mafia muy grande. Creemos que la maestra trabaja para una red internacional”, les dijo.

“Y sí, ya comprobamos que hay muchísimo dinero de por medio. El caso no avanza desde hace un año y la fiscalía siempre difiere las audiencias. La maestra tiene 36 abogados particulares para atender las 26 carpetas. Y remata: Alguien la está protegiendo”.

Esta historia de terror se inició en mayo del año pasado, cuando Ruth empezó a observar los cambios de conducta y crisis nocturnas de su niña (I.S.C.E) de dos años, después de recogerla de la guardería con registro U0499 Techo Comunitario, AC, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ubicada en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El lunes 22 de mayo de 2023, a las 8 de la mañana, la niña empieza a llorar al ingresar a la guardería: “En cuanto entró se le borró la sonrisa y me decía que no quería entrar. Lloraba y se tocó su vagina diciendo ‘pipí, pipí, pipí’”.

A Ruth ya no le quedó duda de que algo malo estaba pasando. Le habló a su pediatra para que la revisara y el médico le dijo: “No, vete a fiscalía. Ahí hay médicos legistas y ellos son los que pueden apoyarte”.

Fue por la niña y se la llevó a la fiscalía mientras su hermana les expuso la situación: “Yo iba en shock, no podía ni hablar. Me hicieron muchas preguntas durante horas. A la niña le preguntaron si alguien le había hecho daño”.

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Sí, contestó la pequeña tocándose la vagina y el ano. La agente del Ministerio Público dijo entonces: “La niña está muy chiquita y no hay mucha credibilidad en su testimonio. La voy a pasar con la médico legista”.

Ambas estuvieron en la fiscalía más de seis horas, sin comer, hasta que apareció la médica: “La niña estaba dormida y aprovechó para revisar su vagina; luego, al tocarle el ano, la niña despertó diciendo: ahí no, ahí no. Obviamente, le dolía.

Al salir, Ruth le preguntó a su hija: ¿Qué pasa, mi amor; por qué te asustaste tanto, te tocaban ahí en la guardería? La niña contesta afirmativamente. ¿Quién?, vuelve a preguntarle. Sin dudarlo, la niña expuso a su agresora: “La maestra Omi (Naomy)”.

Después de un rato, le confirmaron lo que ya se imaginaba: Su niña trae dos desgarres en su parte anal. Es evidente que tuvo penetraciones. La vamos a pasar para tomarle la denuncia, le dijo y le prohibieron hablar del caso.

IMSS, NEGLIGENCIA

La carpeta 3926/2023 por el delito de violación agravada fue la primera de 26 casos de niñas y niños abusados.

En lugar de cerrar la guardería de inmediato, el IMSS y el Poder Judicial (PJ) de la FEM decidieron dejarla abierta con toda normalidad y mantener en secreto los hechos denunciados, mientras el número de víctimas aumentaba.

La investigación judicial fue lenta y deficiente. En lugar de aplicar un protocolo inmediato para protección a los menores, la directora de la guardería, Nidia Lara Lara, supo desde mayo lo sucedido y entregó los expedientes del personal docente de la guardería, pero sin los videos de las cámaras, argumentando que estaban en un punto ciego o con imágenes borrosas.

“Las cámaras las resguardó el IMSS. Los ministeriales fueron y arrestaron a la maestra en la guardería. Los papás se dieron cuenta y le preguntaron a la directora, pero ella le quitó importancia: ‘todo está bien, sólo es para una investigación’. Entonces yo le llamé para decir: ‘Nidia, yo sé que se trata de abusos sexuales’, y ella me contestó: ‘¿No, cómo crees?, claro que no’. Pero le dije: ‘Le exijo que haga una junta para avisar a los papás’”.

La directora pidió a Ruth que no fuera a esa junta, pero ella decidió acudir: “Nos dijo puras mentiras: que se trataba de un caso de maltrato a un niño, pero nunca que eran abusos sexuales. Afirmó que se había actuado a tiempo y que estaban cooperando con las autoridades. Y que todo estaba muy bien”.

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Ruth decidió entonces hablar con los otros papás y decirles que la maestra que estaba en la sala MB abusó de algunos pequeños: “A esa maestra la rotaban en todas las salas y les sugerí que fueran a fiscalía para revisarlos. Así se fueron sumando más casos de niñas y niños. Salieron cinco más, luego el lunes otros tres y una semana después volvieron a salir más. Ahorita son 26 carpetas; 10 niños y el resto niñas.

“Yo me sentía muy mal porque a pesar de que mi niña ya estaba a salvo, pensaba en los otros e iba a la fiscalía y nada; así pasaron las semanas, los meses y la guardería seguía abierta como si nada”.

Añade: “Ya estando en casa, mi hija se sintió más segura y me platicó de una niña que lloraba mucho porque la maestra le hacía lo mismo. Y yo le hablé a la mamá de la niña. Ella me dijo que no creía, porque su niña hablaba mucho y nunca le había dicho tal cosa”.

Luego acudió a fiscalía y se dio cuenta de que la pequeña traía toda su vagina desgarrada. Comenta que esa niña hablaba más y fue contando cómo la maestra la amenazaba para que no dijera nada.

Los casos se multiplicaban y nadie hacía nada.

“Primero suspendieron la guardería una semana, pero luego siguió abierta, entonces fui a la Comisión de Derechos Humanos. Pedimos que se clausurara definitivamente y se investigara a otras maestras porque ya eran muchos niños afectados. Y logramos que el IMSS rescindiera el contrato con la empresa”.

Fue hasta el 13 de julio de 2023, dos meses después de la primera denuncia, que el IMSS informó que la guardería sería cerrada para investigar las acusaciones de abuso sexual, luego de que la presunta agresora, de 23 años, licenciada en educación, fuera vinculada a proceso e ingresada días antes, el 8 de julio, al Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil 2.

El 29 de junio, se presentó una segunda denuncia contra la misma maestra: “Yo le hablé a otra mamá que fue la que me recomendó esa guardería para alertarla y ella me dijo: ‘Ya estoy en fiscalía, es mi niña’”, le dijo llorando. La tía de esa menor trabaja en la fiscalía y fue un hecho decisivo para detener a la maestra cinco días después.

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Con la denuncia en la causa penal 3828/2023, la maestra fue también vinculada a proceso y se realizó la audiencia inicial presidida por el juez de control Jorge Enrique González Rodríguez, que impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un término de 24 meses.

Un total de 40 niños y niñas fueron sometidos a exámenes periciales. Y la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva calificó el caso de complejo, porque entre las víctimas hay menores lactantes que no hablan ni caminan, por lo que para tomarles declaración utilizaron el método Antenas por los Niños, con un títere cibernético operado por sicólogos.

Luego de cerrar la guardería, el Seguro Social ha pagado dinero a algunos padres de los niños afectados: “El IMSS vino a dividirnos, a comprar y a querer tapar todo, es cómplice. Tiene muchas irregularidades. Primero ofreció apoyo sicológico y médico. Luego, a unas cinco familias les dio 2.5 millones de pesos y abandonaron las carpetas”.

Un año después de los hechos, la fiscalía ha ido difiriendo las audiencias, primero a enero, luego a marzo, después a mayo y ahora hasta agosto.

El tortuguismo juega en contra de las víctimas, porque algunas, al ser tan pequeñas, ya olvidaron los hechos o se niegan a recordarlos.

La acusada antes era defendida por un abogado, luego por 13 y ahora por 36: “De pronto aparecieron muchos abogados y una ONG llamada Proyecto Inocencia para apoyarla”, dice, refiriéndose a una supuesta organización creada para exonerar a personas condenadas injustamente. Además, su padre es custodio del Cereso.

Cuenta que un día su hija, al escuchar una canción de banda le dijo: “la maestra Naomy me la ponía en su celular”.

Sorprendida, ella recordó que las maestras en la guardería tenían prohibido meter teléfonos: “La niña me dijo que la maestra las ponía a bailar y a moverse sexis”.

Ruth le preguntó: “¿Y qué más hacía?”, su hija contestó con una inocente sonrisa: “Nos tomaba fotos y videos”.

Luego le contó a la agente del Ministerio Público y supo que en el cateo a la casa de la maestra encontraron cuatro celulares y dos computadoras portátiles.

Añade: “El año pasado, la (agente del) Ministerio Público nos dijo que había mucha evidencia (pornografía) y este año pregunté otra vez y los del juzgado dicen que no, cuando antes a mí, la MP me dijo: ‘Con lo que encontramos en el cateo es suficiente evidencia para que la sentencien. Creemos que puede ser una red internacional’”.

Mientras llora, Ruth sigue sin entender qué satisfacción pudo obtener la agresora: “No sé si el sufrimiento era lo que la excitaba. Voy a seguir luchando por justicia. Si tengo que ir a la mañanera a exponer el caso al Presidente voy a hacerlo. No voy a quedarme callada, me tienen que matar para callarme. Ellos son chiquitos, no tienen voz, somos la voz de mi hija y de los demás niños”.

Con información de La Jornada