AMLO acusa a SCJN de intromisión por invalidar ‘Plan B’... ‘Somos respetuosos de la división y equilibrio entre poderes, ellos no’

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de intromisión, después de que invalidara las reformas electorales impulsadas por AMLO.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el segundo paquete de reformas en materia electoral, el llamado Plan B, el presidente descartó impulsar un decreto para reformar el Poder Judicial con la premisa de que es respetuoso de la separación de poderes.

“Somos respetuosos de la división y equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder. (...) Interpreto esto como una actitud política de protección y defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta”, dijo.

De igual forma, AMLO reprochó que durante el periodo neoliberal se aprobaron múltiples reformas que perjudicaron a la sociedad y entregar los bienes de la nación a particulares, pero resaltó que no lograron consumar su plan ante la decisión del pueblo en las elecciones de 2018.

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“Lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder”, declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina diaria en Chiapas.

“Todas esas reformas fueron para legalizar el pillaje, el robo, el saqueo. En el caso del Poder Judicial, pues lo mismo”.

INVALIDA LA SCJN EL “PLAN B” ELECTORAL DE AMLO

El jueves, la SCJN invalidó en su totalidad las reformas electorales impulsadas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, conocidas como “Plan B”, por considerar que se cometieron violaciones graves al procedimiento legislativo durante el proceso de aprobación.

El fallo implica que será la legislación vigente hasta el pasado 2 de marzo, el día previo a la entrada en vigor de los cambios ayer invalidados por el máximo tribunal constitucional del país y que forman parte del centro de la reforma electoral última, la que aplicará en los comicios federales del próximo año para renovar la presidencia de la República, las dos cámaras del Congreso de la Unión, ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

A propuesta de Javier Laynez, el proyecto de resolución fue aprobado por Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo y Norma Piña, presidenta del máximo tribunal constitucional del país; votaron en contra Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.

La Corte determinó que el Congreso de la Unión incurrió en distintas violaciones graves al proceso legislativo que, en su conjunto, tienen potencial invalidante del decreto en su conjunto impugnado por la oposición y las minorías parlamentarias en las cámaras de Senadores y de Diputados.

Como parte del estudio de fondo de las acciones de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75, 89, 90, 91, 92 y 93, todas del año en curso, Laynez destacó cada una de las seis violaciones estudiadas.

De las constancias que obran en el expediente, dijo al referirse a una de éstas, “se advierte que hubo por lo menos dos publicaciones distintas del inciso C de la Gaceta Parlamentaria de seis de diciembre de 2022”.

“El inciso C es donde se encuentra el decreto hoy impugnado. Cuando el Ejecutivo envía sus propias iniciativas se publican como incisos A y B, después, cuando el grupo parlamentario de Morena retoma las iniciativas del Ejecutivo y las hace suyas estas se publicaron como C y D en los anexos de la gaceta”.

El hecho de haber publicado la iniciativa dos veces, amplió, acredita que la del Ejecutivo federal y la de Morena no eran idénticas, circunstancia de la que no se avisó a los miembros del pleno de la Cámara de Diputados que votaron un documento de 450 artículos distinto al que conocieron.

“Se estaba ante una reforma en materia electoral y en materia de competencias y organización del órgano constitucional autónomo (INE) más importante en los últimos veinte años, que no fueron dictaminadas y que fueron discutidas y aprobadas en un período, tomando todo el proceso legislativo, de cuatro horas y media’’, enfatizó.

La ministra Esquivel reprochó no haber entrado al fondo del asunto para determinar si los cambios aprobados son constitucionales o no; Pérez Dayán respondió:

“Debo aclarar que no esquivo ni pretenderé hacerlo nunca, mi deber de examinar la constitucionalidad de cualquier disposición legal, mientras pueda asegurar que, para llegar a ello, esto es, para estar frente a una ley, estoy convencido de que se hizo lo necesario para que eso que se dice ley es ley, si no es ley, no tengo por qué estudiar ningún fondo”.