Caso VANGUARDIA: Gana elección ‘magistrado a modo’, pese a denuncias por corrupción
La elección del magistrado federal se da entre acusaciones de corrupción, pactos políticos y señalamientos de nepotismo; la figura de Muñoz Grajales ha sido recurrentemente señalada por favorecer a grupos de poder local
Pese a las denuncias por corrupción y actos irregulares, “el magistrado a modo”, Édgar Humberto Muñoz Grajales, ganó la elección judicial para mantenerse en su puesto en el Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa, con sede en Saltillo, gracias al apoyo de las estructuras partidistas que lo impulsaron en medio de un presunto contubernio entre instancias locales y federales.
La tarde de este sábado terminaron de computarse los votos de esta elección del Poder Judicial de la Federación a la que se presentaron cuatro candidatos.
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Muñoz Grajales superó a Carlos Estrada, ex secretario de Ayuntamiento de Saltillo, así como a José Alfredo Meza López.
Para este cargo también se postuló una mujer: Olga Guadalupe Montoya Zablah, quien actualmente es secretaria del Tribunal en la ponencia de Muñoz Grajales; ella fue la segunda candidatura más votada para este puesto.
El polémico magistrado se mantendrá en su puesto al ser uno de los tres integrantes de este cuerpo colegiado de la justicia federal, en el cual aún se mantendrá un puesto vacante.
VANGUARDIA dio cuenta a lo largo de los últimos meses que Muñoz Grajales habría pactado con actores políticos locales tener su apoyo para mantenerse en su cargo. Gracias a ese tipo de apoyos habría amarrado seguir en su puesto, a pesar de las denuncias en su contra.
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Este caso habría sido uno más del presunto entramado legal entre las instancias locales y federales para impulsar a ciertos candidatos.
Asimismo, VANGUARDIA documentó que Muñoz Grajales es considerado un magistrado a modo, ya que fue designado a petición de la contraparte de un caso en que se ve involucrado Grupo Vanguardia.
La representante legal de la “empresa” demandante, Olga Lidia Flores Medrano, sugirió al Tribunal que “exactamente en la ponencia del magistrado Édgar Humberto Muñoz Grajales, se han resuelto diversos recursos derivado de juicios de amparo promovidos por la contraparte”, por lo cual pidió que éste llevara el caso, lo cual se le concedió.
En los últimos meses, el empresario Ignacio Chacón Cuéllar narró la infortunada experiencia que le ha tocado padecer luego que un juicio de amparo en revisión, en el cual es tercero interesado, terminó en la ponencia del magistrado Muñoz Grajales, a quien consideró como “muy corrupto”.
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Chacón Cuéllar afronta un proceso en el que se ve involucrado José Luis Treviño Lozano, primo de Héctor Treviño de la Garza, presidente del mismo tribunal del que forma parte Muñoz Grajales.
Además, Muñoz es señalado por cometer actos de nepotismo, ya que para que Montoya Zablah llegara a ser secretaria, se dio a través de un “acuerdo” entre él y Carlos Miguel García Treviño, magistrado del Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de Saltillo, correspondiente a la Décima Región, con quien “el magistrado a modo” habría pactado realizar nombramientos cruzados durante el segundo semestre de 2024.
En la ponencia de García Treviño se designó como secretaria a la esposa de Muñoz Grajales, quien a su vez contrató a Montoya Zablah, quien antes estuvo en la ponencia de García Treviño.
Fuentes cercanas al proceso señalaron además que el control sobre esta elección fue cuidadosamente planeado. De acuerdo con información obtenida por VANGUARDIA, en caso de que Muñoz Grajales no lograra superar en votos a Carlos Estrada, se había fortalecido de antemano la candidatura de Olga Guadalupe Montoya Zablah —integrante de su círculo cercano y actualmente secretaria en su ponencia—, con el fin de garantizar que el control del Tribunal no se alterara.
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Este diseño estratégico habría dejado fuera de toda posibilidad real de cambio al Tribunal, consolidando la permanencia del grupo afín a Muñoz Grajales sin importar el desenlace de la votación.
La permanencia de Muñoz Grajales en el Tribunal Colegiado refuerza así las preocupaciones expresadas por diversos actores jurídicos y empresariales sobre la falta de imparcialidad en casos sensibles que se encuentran en proceso en dicha instancia.
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