AMLO usa la prisión preventiva oficiosa para su beneficio, asegura Riva Palacio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el ojo del huracán esto tras su oposición a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elimine la prisión preventiva oficiosa esto por ser inconstitucional.

Y es que este martes 6 de septiembre, por segundo día consecutivo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó su sesión sin un resultado claro sobre este tema.

Será hasta el jueves 8 de septiembre que las y los ministros voten si están de acuerdo con la propuesta de Luis María Aguilar Morales, quien aclaró que no busca eliminar la PPO de manera definitiva, sino mantenerla y aplicarla únicamente cuando el Ministerio Público demuestre su justificación.

TE PUEDE INTERESAR: El Presidente avanza sobre la Corte

Ante esta controversia, el periodista Raymundo Riva Palacio opinó respecto al rechazo mayoritario de la Corte al proyecto del ministro Aguilar Morales, lo que calificó como una “victoria política” para el mandatario federal.

En este sentido, hizo referencia a los pronunciamientos que AMLO ha hecho en estos días, desde Palacio Nacional, los cuales habrían funcionado para presionar al máximo tribunal constitucional.

“El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó mayoritariamente el proyecto de invalidar la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), con lo cual le regaló en primera instancia una victoria política al presidente Andrés Manuel López Obrador. No fue deliberado, ni jugaron al sacrificio, ni, por los argumentos jurídicos planteados durante dos días de sesiones, fue un acto de sumisión pusilánime al Ejecutivo, salvo en el caso de la ministra Loretta Ortiz, que pasó de garantista a punitivista, metamorfosis generada por la incondicionalidad a López Obrador. La historia la juzgará por sus actos, pero en la política de la inmediatez, nuestro ecosistema actual, habrá un impacto sobre la Corte”, expresó.

Esto, comentó el también analista político, respondería a los aparentes beneficios que tiene la aplicación de la PPO para el gobierno de la Cuarta Transformación y la “narrativa presidencial de que se está combatiendo la corrupción”.

“López Obrador, que politiza absolutamente todo para su propio beneficio, los estigmatizó. Los acorraló con la retórica de que si actuaban con rigor jurídico, no defenderían la justicia sino los intereses creados que venían del pasado. Por más absurdo que sea, funciona en el imaginario colectivo. Lo importante no es el equilibrio de la ley para aplicar la justicia –que a una de las partes dejará insatisfecha prácticamente por definición–, sino las acciones justicieras, aunque sean violatorias de la propia ley”.

Durante el segundo día de discusión, el ministro presidente Arturo Zaldívar dejó en claro que, bajo su perspectiva, la PPO viola el derecho de presunción de inocencia, pues “lo lógico es que una persona no esté en prisión hasta que haya una sentencia que demuestre su culpabilidad”.

Dos de los casos más emblemáticos relacionados a esto, argumentó Riva Palacio, son los del exsenador Jorge Lavalle y el de Rosario Robles, exintegrante del gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto. Ambos fueron detenidos, sin más, al momento de presentarse a declarar sobre las acusaciones en su contra gracias a la PPO.

“La mayoría de las ministras y ministros cuestionaron la norma y argumentaron que era violatoria de los derechos humanos y de la presunción de inocencia. El caso más notable es el del ex senador panista Jorge Lavalle, a quien el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, acusó de corrupción. Lavalle se presentó a declarar, confiado en su inocencia, pero fue detenido, viviendo en prisión desde hace 17 meses, pese a que esas acusaciones se disolvieron en enero. Rosario Robles, la ex secretaria de Estado peñista, es otro caso similar, y al presentarse a declarar, la aprehendieron. La Fiscalía General le robó tres años de su vida en libertad con una prueba falsa, una licencia de conducir que le fabricaron, como hizo el fiscal Alejandro Gertz Manero con su familia política, acusándola por delitos que, afirmó la Suprema Corte, inventó”.

Frente al escenario actual, el periodista vislumbró que la medida cautelar no tendrá modificación alguna y se mantendrá “como una prisión en automático que anula el principio de la presunción de inocencia y vulnera el debido proceso”.

“Seguirá siendo utilizada a discreción por el Presidente como una poderosa arma de inhibición y terror, pero no para los criminales, como argumenta el gobierno y repitieron ministras afines al Presidente, sino para sus objetivos políticos”, aseguró Riva Palacio.