Aumentan detenciones arbitrarias en México y falta cumplimiento a recomendaciones, advierten

Durante una entrevista en ‘Aristegui en Vivo’, Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla, expresó su preocupación por el aumento de las detenciones arbitrarias en México, comparadas con la evaluación realizada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en el año 2002.

Señaló que, a pesar de que han transcurrido 20 años, en lugar de mejorar la situación, empeoró, observando que prácticas como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y las detenciones en estaciones migratorias contribuyen a estas detenciones arbitrarias.

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Dijo que acuerdo con datos del INEGI, cerca de 90 mil personas se encuentran sin sentencia en las diferentes prisiones del país, y el 50% de estas personas se encuentran en prisión preventiva oficiosa.

“La propia encuesta de población privada de la libertad del 2021, señalaba que 43% de las personas en prisión, señalaban haber sido falsamente acusadas y un 23% que habían sido detenidas sin un mandamiento oficial en la calle”, expresó.

Hernández León subrayó que estas cifras revelan “un problema estructural y sistemático” en el sistema de justicia penal mexicano que necesita ser abordado de manera urgente.

También señaló la falta de avances significativos en las reformas legales y constitucionales necesarias para resolver esta cuestión, así como la ausencia de incentivos políticos para impulsar cambios en este ámbito.

El experto, además, dijo que pesar de los llamados y evaluaciones internacionales, casos como el de Brenda Quevedo, Verónica Razo y el caso García Rodríguez, que involucran la Corte Interamericana, no han recibido una respuesta adecuada del estado mexicano.

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Lo mismo refirió sobre el caso de Israel Vallarta, quien continúa en prisión preventiva oficiosa desde hace 18 años, a pesar de las medidas contra la tortura y las medidas para recuperar la libertad que no se han logrado implementar.

Asimismo, mencionó el caso Reyes Alpízar y Atenco, de los que México “se encuentra en un impasse en cuanto al cumplimiento de capacitación y publicación de la sentencia”, con una discusión prevista para el próximo año en la Corte Interamericana.

Hernández León consideró que la detención arbitraria es una práctica generalizada en México, al igual que la tortura, observada en todos los niveles de gobierno, desde municipios hasta otros niveles.

“Se puede decir que la detención arbitraria es una práctica generalizada en México, así como la tortura y es que se da en todos los ámbitos de gobierno, municipios y otros niveles de gobierno. Vemos con preocupación la práctica de detención por sospecha, que es un esquema discriminatorio, y afecta, por ejemplo, a jóvenes de distintos extractos sociales”, apuntó.

Estas detenciones, según el experto, son realizadas por diversas autoridades, incluyendo a la policía, al ejército y la Guardia Nacional, además de autoridades administrativas, como el Instituto Nacional de Migración, que no permite asistencia legal y retiene a personas en sus estaciones migratorias.

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El experto enfatizó la necesidad de que el estado tome en serio sus compromisos internacionales y mencionó que aunque México participa en espacios de organismos internacionales, a menudo muestra resistencia ante las recomendaciones.

“La cancillería señala que no son vinculantes, no aceptan las recomendaciones. Ni la autoridad política ni la judicial. Los jueces de proceso penal, en casos donde es evidente que hay detención arbitraria, sin mandamientos, que hay cuestiones políticas y se violó el debido proceso”, manifestó el especialista.

Hernández León destacó la falta de pautas claras de la Secretaría de Gobernación y la Cancillería para implementar estas medidas, lo que resulta en una discrecionalidad en la atención de las recomendaciones.

Mencionó que aunque algunas recomendaciones se atendieron al inicio de esta administración, del presidente Andrés Manuel López Obrador, otras se han dejado de lado y hubo inconsistencia en su implementación.

Finalmente, Hernández León dijo que tras la próxima visita de la ONU a algunas entidades federativas habrá una la presentación de conclusiones preliminares y en 2024 se presentará un informe, diagnóstico y recomendaciones, de las que se espera que el gobierno mexicano sea receptivo.

Con información de Aristegui