Biden ordena permitir el cierre temporal de la frontera a los migrantes

Por Zolan Kanno-Youngs y Hamed Aleaziz

La medida refleja el drástico cambio que ha experimentado la política migratoria en EE. UU. debido al aumento del número de personas que cruzan la frontera. La Unión Americana de Libertades Civiles dijo que planea impugnar en tribunales.

El presidente Joe Biden emitió el martes una orden ejecutiva que impide a los migrantes solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México cuando se registre un aumento de los cruces; se trata de una medida drástica en medio de un año electoral y que busca disminuir la presión sobre el sistema de inmigración y abordar una de las principales preocupaciones de los votantes.

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Esta orden es la política fronteriza más restrictiva impuesta por Biden, o por cualquier otro demócrata moderno, y se hace eco de una iniciativa del presidente Donald Trump en 2018 para suspender la migración que fue bloqueada en un tribunal federal.

Las restricciones entran en vigor cuando el promedio de siete días de cruces ilegales alcanza los 2500 por día. Los totales diarios ya superan ese número, lo que significa que la orden ejecutiva de Biden podría entrar en vigor de inmediato, permitiendo a los agentes fronterizos devolver a los migrantes a través de la frontera con México o a sus países de origen en cuestión de horas o días.

Por lo general, los migrantes que cruzan de manera ilegal y solicitan asilo son liberados en Estados Unidos a la espera de comparecer ante los tribunales, donde pueden defender sus solicitudes. Pero el enorme retraso acumulado hace que esos casos puedan tardar años en procesarse.

El nuevo sistema está diseñado para detener los cruces ilegales.

La frontera se reabriría a los solicitantes de asilo solo cuando el número de cruces disminuyera significativamente. La cifra tendría que mantenerse por debajo de una media diaria de 1500 durante siete días seguidos, y la frontera se reabriría a los inmigrantes dos semanas después.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) dijo que planea desafiar la orden ejecutiva en los tribunales.

“El gobierno nos ha dejado pocas opciones más que demandar”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU que lideró la estrategia contra el intento del gobierno de Trump para bloquear el asilo en 2018, lo que originó que la política fuera detenida por los tribunales federales. “Era ilegal bajo Trump y ahora no es menos ilegal”.

La medida de Biden muestra cuán drásticamente ha cambiado la política de inmigración en Estados Unidos. Las encuestas sugieren que hay apoyo en ambos partidos para las medidas fronterizas que en su momento fueron denunciadas por los demócratas y defendidas por Trump porque el número de personas que cruzan hacia el país ha alcanzado niveles récord en los últimos años.

Habría excepciones limitadas como en los casos de menores de edad que crucen solos la frontera, las víctimas de la trata de personas y quienes utilicen una aplicación de Aduanas y Protección Fronteriza para agendar una cita con un oficial de la frontera con el fin de solicitar asilo.

Pero, en gran medida, la orden suspende garantías de larga data que otorgan a cualquiera que pise suelo estadounidense el derecho a buscar un refugio seguro. La orden ejecutiva imita un proyecto de ley bipartidista que fracasó este año y que incluía algunas de las restricciones de seguridad fronteriza más importantes que el Congreso había considerado en años. Pero los republicanos frustraron el proyecto de ley en febrero, diciendo que no era lo suficientemente estricto. Muchos de ellos, alentados por Trump, se resistían a concederle a Biden una victoria legislativa en un año electoral.

“Donald Trump les rogó que votaran ‘no’ porque le preocupaba que una mayor aplicación de la ley fronteriza le perjudicara políticamente”, dijo Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado el martes. Y añadió: “El pueblo estadounidense quiere soluciones bipartidistas para la seguridad fronteriza, no políticas cínicas”.

Los defensores de los inmigrantes y algunos demócratas progresistas han expresado su preocupación de que Biden estuviera abandonando su promesa de reconstruir el sistema de asilo.

“Al revivir la prohibición de asilo de Trump, el presidente Biden ha socavado los valores estadounidenses y abandona las obligaciones de nuestra nación de brindarles a las personas que huyen de la persecución, la violencia y el autoritarismo la oportunidad de buscar refugio en Estados Unidos”, dijo Alex Padilla, senador demócrata de California.

La decisión del martes es un giro radical para Biden, quien llegó al cargo atacando a Trump por sus esfuerzos para restringir el asilo. Durante un debate en 2019, Biden, quien se enfrentaba a Trump por primera vez, criticó las políticas de su rival.

“Este es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos de América con el que cualquier persona que busque asilo tiene que hacerlo en otro país”, dijo Biden en ese momento.

En varias oportunidades, Trump trató de cerrar la frontera de Estados Unidos para los solicitantes de asilo, pero solo tuvo éxito en 2020, cuando implementó una norma de emergencia durante la pandemia con el fin de cerrar la frontera para la mayoría de los migrantes.

En una llamada con periodistas, funcionarios del gobierno de Biden rechazaron la idea de que la orden ejecutiva del presidente sea comparable con las acciones de Trump. Hicieron hincapié en que el gobierno de Biden solo rechazaría a los solicitantes de asilo durante los períodos de aumento de los cruces.

La inmigración ha demostrado ser una gran vulnerabilidad política para Biden, alcanzando una crisis en diciembre, cuando unas 10.000 personas entraban a Estados Unidos a diario.

Los funcionarios del gobierno de Biden, asustados por las cifras de diciembre, presionaron a México para que hiciera más a fin de frenar la inmigración. Desde entonces, las autoridades mexicanas han utilizado vuelos chárter y autobuses para trasladar a las personas migrantes hacia el sur y alejarlos de Estados Unidos.

Desde entonces, el número de personas que cruzan ha descendido, aunque las cifras siguen siendo históricamente altas. El domingo, los agentes fronterizos detuvieron a más de 3500 personas que cruzaban sin autorización, en línea con las tendencias de las últimas semanas, según una persona con conocimiento de los datos.

Aunque la orden ejecutiva entre en vigor, los migrantes podrían solicitar otras protecciones diseñadas para quienes puedan demostrar que serían torturados en su país de origen. Sin embargo, el nivel de exigencia es mucho más alto que el del asilo, por lo que los funcionarios han declarado que no esperan que muchos inmigrantes sean admitidos en Estados Unidos.

Las personas que crucen de manera ilegal y no puedan acogerse a esas protecciones estarán sujetas a una prohibición de cinco años para ingresar a Estados Unidos.

Funcionarios de la Casa Blanca creen que la orden ofrece a Biden la oportunidad de responsabilizar a los republicanos del fracaso del proyecto de ley bipartidista. Esa legislación también habría proporcionado miles de millones al Departamento de Seguridad Nacional para tener más agentes fronterizos y jueces de inmigración.

Biden no puede brindar esos recursos a través de la orden ejecutiva. Durante semanas, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que preferían la legislación a la orden presidencial porque sería más duradera y estaría menos expuesta a una impugnación judicial.

La orden también conlleva algunos riesgos políticos. Los republicanos se han preguntado por qué Biden no tomó antes medidas unilaterales en la frontera. En enero, dijo a los periodistas que había “hecho todo lo que podía hacer” en la frontera y que necesitaba la ayuda del Congreso.

“Es pura fachada. Todo el mundo lo sabe”, dijo Mike Johnson, congresista republicano por Luisiana y presidente de la Cámara de Representantes, sobre la orden del presidente en una rueda de prensa el martes por la mañana. “Si le preocupara la frontera, habría hecho esto hace mucho tiempo”.

Mientras Biden consideraba si tomar medidas ejecutivas en los últimos meses, su gobierno ha tomado medidas más modestas para tratar de controlar esos atrasos.

En mayo, propuso un cambio de normativa que permitiría a los funcionarios identificar rápidamente a las personas que no reúnen los requisitos para recibir asilo, como las que han sido condenadas por delitos graves. En la actualidad, se les permite entrar en el país y esperar meses, o a menudo años, a que se inicie el procedimiento de asilo. La propuesta debe someterse a un periodo de comentarios públicos de 30 días.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. también publicó en mayo una nueva política por la que se instruye a los funcionarios de asilo a considerar si los solicitantes podrían encontrar refugio en sus propios países antes de venir a Estados Unidos.

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