Celebra CIDH reformas en México que prohíben terapias de conversión

CDMX.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció las reformas legislativas avaladas que buscan prohibir y sancionar los intentos de modificar o suprimir las orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género no normativas en México, con o que se protegen los derechos de las personas LGBTI.

“La CIDH saluda las acciones del Estado mexicano que representan un esfuerzo por proteger de manera integral los derechos humanos de las personas LGBTI. Respecto a estas prácticas invasivas, la Comisión ha considerado que los intentos de modificar o suprimir la orientación sexual y/o identidad de género representan actos de violencia inherentemente discriminatorios. Además, destaca que tienen un impacto desproporcionado sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes suelen estar en mayor riesgo a ser sometidas a estas prácticas”, señalan en un comunicado.

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Mencionan que la Cámara Alta aprobó reformas que modifican el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, estableciendo sanciones a las personas que realicen, impartan, obliguen o financien cualquier tipo de terapia que busque anular o suprimir la orientación o expresión de género de una persona.

La CIDH señaló que las iniciativas aprobadas en abril y que entraron en vigor el 8 de junio, subrayan que las personas de las disciplinas para la salud que se relacionan con estas prácticas, podrán ser suspendidas de su ejercicio profesional.

Las terapias de conversión son prácticas que buscan cambiar la orientación sexual, expresión e identidad de género mediante actos como confinamientos, castigos, abuso verbal, intervenciones psicoterapéuticas, humillaciones, suministro de fármacos forzados, abuso psicológico, físico o sexual, entre otras.

Tanto la Comisión como el Comité de los Derechos del Niño y otros expertos de la Organización de las Naciones Unidas han advertido que este tipo de acciones son dañinas, contrarias a la ética y carecen de fundamento científico.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirma que estos tratamientos representan una gran amenaza a la salud y a los derechos de las personas que son sometidas a estos procesos.

“Los Estados deben garantizar una regulación y supervisión efectiva de los profesionales de la salud que ofrecen servicios para modificar la orientación sexual y la identidad de género”, señala.

“Se deben investigar seriamente las denuncias de estas prácticas, especialmente cuando hay privaciones de libertad y alegatos de abusos o torturas. Asimismo, los Estados deben promover cambios culturales que ataquen las causas subyacentes de la discriminación y rechazo a la diversidad sexual y de género, así como brindar servicios de reparación y rehabilitación a las víctimas”, añaden.