De las personas que han ingresado a prisión durante el gobierno de AMLO, 58% no tiene juicio ni sentencia

Hasta el cuarto año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encarcelado en centros estatales y federales a 28 mil 928 personas, es decir, pasó de una población de 197 mil 988 presos y presas a 226 mil 916 hombres como mujeres privadas de la libertad.

Sin embargo, el 58% de los ingresados, quienes se encuentran en prisión preventiva, permanecen en las celdas sin juicios ni condenas que prueben su culpabilidad del delito por el que están en prisión.

Con datos del anexo del Cuarto Informe de Gobierno, los encarcelados en prisión preventiva oficiosa o justificada aumentó de 17 mil 565 a 92 mil 595; por lo que al menos cuatro de cada 10 personas en prisión son presuntos culpables sin condena.

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Datos del gobierno federal, la mayor parte de la población penitenciaria en México se concentra en el fuero común -cárceles estatales-; en 2014 se alcanzaron la cifra récord de ocupación con 206 mil 767 personas privadas, mientras que los siguientes cuatro años disminuyó hasta llegar a 165 mil 213, es decir, una reducción de 41 mil 554 personas.

Pero para la llegada de AMLO, la cifra aumentó hasta los 197 mil 734 personas, justificada por una serie de reformas en materia penitenciaria para sumar al artículo 19 de la Constitución con diversos delitos que ameritan prisión automática.

En contraste, la población penitenciaria del fuero federal ha tenido constante decremento desde 2014 a 2021, de pasar de 48 mil 871 presos a 28 mil 652; se tiene registro que aumentó 530 personas de septiembre de 2021 a junio de 2022.

Esto en contexto a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en discusiones a la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y el amparo en revisión 355/2021, con ellos la viabilidad de la medida de prisión preventiva.

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El 17 de agosto, durante su conferencia de prensa mensual, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, informó que el máximo tribunal del país discutiría dos asuntos referentes a la convencionalidad y constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

“Estos asuntos son de una enorme relevancia, pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México”, dijo.

El 25 de agosto, justo el día en que la Corte informó que el futuro de la prisión preventiva oficiosa en México sería discutido a partir de este lunes 5 de septiembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aprovechó para ir más allá y asegurar que eliminar esta medida representaría el fin de “toda la estrategia de seguridad” del gobierno federal.

(Con información de Animal Político)