Gobierno de AMLO deberá transparentar operaciones vinculadas a compra de Pegasus
Datos se habían reservado aludiendo razones de seguridad nacional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al gobierno federal transparentar todas las operaciones financieras vinculadas con la adquisición del software de espionaje Pegasus.
Con nueve votos a favor y dos en contra (de Loretta Ortiz y Lenia Batres), el Pleno de la Corte rechazó tres recursos interpuestos por la Consejería del Ejecutivo Federal que, aludiendo razones de seguridad nacional, buscó anular diversas órdenes del Instituto Nacional de Acceso a la Información.
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En específico, el INAI había ordenado a la Unidad de Inteligencia Financiera entregar la “versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios”, con relación a la compra del software israelí de espionaje, que adquirió el gobierno en 2014.
Esa información se solicitó a la UIF después de que Santiago Nieto, su ex titular, dio detalles sobre la compra del software en julio de 2021. Dijo que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) pagó 32 millones de dólares a la compañía NSO Group y que fueron en total pagos por 6 mil millones de pesos con diferentes empresas y dependencias.
Detalló los nombres de todas las empresas, sin embargo tras las solicitudes de información, se reservaron los datos por cinco años, aludiendo a que se pondrían en riesgo técnicas de inteligencia y la investigación de posibles delitos.
La reserva fue revocada por el INAI, lo cual fue ratificado por la Corte. Con ello, las versiones públicas de los reportes de la UIF deberán censurar nombres y RFC de las personas físicas y morales, números de cuenta, entre otros datos.
El ministro Juan Luis González Alcántara dijo que Pegasus es “un caso paradigmático de enorme interés público, pues implica el uso de recursos del Estado para vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos”.
Como argumento para su voto en contra, la ministra Batres consideró que se tuvo que tomar en cuenta el avance de las investigaciones ministeriales sobre posibles delitos, junto con la afectación al secreto bancario en operaciones de las personas involucradas.
