Hijo de Luis Cresencio Sandoval trabaja en Inteligencia de la Sedena
Luis Rubén Sandoval Medina, licenciado en Administración Pública y Política Pública, no es militar, pero es hijo del titular de la Sedena
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, tiene a su hijo trabajando en el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) que desde el Centro Nacional de Inteligencia recibe información de la propia Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, de acuerdo con un reportaje de la revista Proceso de este fin de semana.
El nombre del hijo del secretario de la Defensa Nacional es Luis Rubén Sandoval Medina.
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La plataforma que concentra esa información pertenece al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, que es encabezado por Luis Rubén Sandoval Medina, licenciado en Administración Pública y Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quien no es militar, pero es hijo del titular de la Sedena.
El CNI es dirigido por un militar: Audomaro Martínez Zapata, designado por el presidente López Obrador, un general en retiro que ha colocado en los principales cargos operativos a militares.
Instituciones que últimamente han estado envueltas en casos de espionaje por parte de los Estados Unidos, razón por la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el martes que su gobierno reforzaría todos sus sistemas de información, con el propósito de defender la soberanía nacional.
Pues según él, el gobierno estadounidense espía a las instituciones mexicanas como la Sedena, con el propósito de desestabilizar y debilitar a su Gobierno, así como violar la soberanía de México, todo ello, mediante la filtración de información considerada “de seguridad nacional” a los medios de información, mismos que la publican por estar al servicio de intereses privados.
Con el reforzamiento de la seguridad digital de la Sedena y la Secretaría de Marina, seguramente se vendrá una nueva inversión millonaria en software, incrementando el gasto, que de por sí ya es bastante grande si hablan de lo gastado por el Gobierno en el polémico software Pegasus, mismo que utiliza para espiar a figuras políticas, reporteros y defensores de derechos humanos, según acusaciones anteriores.
De acuerdo con un reportaje de The New York Times, realizado por Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía en México, y Ronen Bergman, el gobierno mexicano, que no quiere ser espiado, pero sí espiar, es el mayor cliente de la empresa NSO Group, dueña del programa de espionaje digital Pegasus, mismo que lleva utilizándose desde 2011.
Según la investigación de The New York Times, el gobierno mexicano continúa operando el software de espionaje para espiar y reprimir a defensores de los derechos humanos, activistas de la democracia, periodistas y otros ciudadanos que desafían la corrupción y los abusos, esto, pese a que tras acusaciones pasadas había afirmado que no se utilizaba con este fin.
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Sedena niega usar Pegasus para espiar
En cuanto al uso de Pegasus para espiar a civiles, la Sedena negó que las labores de inteligencia sean a través de la intervención de teléfonos, pues según ellos, las labores de inteligencia que realizan son:
El análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas como: redes sociales, medios de comunicación, revistas y periódicos.
Actividades de campo, reuniones con otras dependencias, organizaciones sociales, políticas y mediáticas del país.
La comparación con bases de datos que poseen de manera legal autoridades responsables de la seguridad pública y de la procuración de justicia del país.
Y aclararon, que la intervención de celulares solo es posible mediante la autorización emitida por un Juez de la Suprema Corte de Justicia u otra autoridad competente para ello, quienes también tienen que “autorizar su intercepción, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito”.
“La Constitución refiere que es facultad exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, debiendo fundar y motivar fehacientemente las causas”.
Con información de La Silla Rota
