Le comunicamos al Gobierno de los Estados Unidos por escrito, en un documento que fue presentado primero en la Embajada aquí y después ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la determinación del no ejercicio de la acción penal, esa es una obligación procesal que existe en nuestras leyes para que las personas que se sientan de alguna manera ofendidos, o crean que sean generado algún tipo de actos que sean ilegales, tengan el derecho a poder recurrir eso, ir ante los jueces y demostrar que lo que estaba determinando la Fiscalía no era lo correcto”, expresó Gertz.
