Miles de familias fueron desplazadas en Brasil por obras del Mundial

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Internacional
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"Derribaron lo que era nuestro sin pedir ningún permiso", denunció una víctima de la expropiación que hizo Rousseff para la infraestructura del torneo. "Algunos quedaron en situaciones difíciles", reconoció un fiscal general

Si bien el gobierno de Dilma Rousseff indemnizó a los propietarios de las casas expropiadas, muchos involucrados advirtieron que se les pagaron sumas inferiores al valor real y ahora viven en peores condiciones.

"Yo había construido mi futuro, que era mi casa, con mucho esfuerzo. Y de repente ellos vienen y nos hacen perder todo. Derribaron lo que era nuestro sin pedir ningún permiso. Lo que me dieron no es ni la mitad del valor de la casa y no alcanza para comprar otro inmueble", contó a la cadena BBC Jerónimo Sebastiao de Oliveira, uno de los afectados de la localidad de Camaragibe, área metropolitana de Recife, en el estado de Pernambuco.

En la zona expropiada, el gobierno de Pernambuco lleva a cabo dos obras de infraestructura para facilitar el acceso al estadio Arena Pernambuco, donde se jugarán cinco partidos del Mundial. Aproximadamente un centenar de casas se expropiaron allí, donde la Procuraduría General ayudó con resarcimientos que van desde 1.350 hasta 135.400 dólares, según una evaluación del terreno y la regularización del inmueble.

Muchas familias han recurrido a la Defensoría Pública para mostrar su desacuerdo y han iniciado procesos legales contra el gobierno de Pernambuco en demanda de una indemnización más justa. El fiscal general Thiago Arraes de Alencar Norroes reconoció que existen problemas en las expropiaciones en Recife porque no existe una política de vivienda y "algunas personas quedaron en situaciones difíciles".

"Tenemos una copa y debemos tomar algunas medidas en las ciudades sedes. Pero no hay una política que resuelva estos problemas, que ofrezca una vivienda a las personas desalojadas por estas obras", agregó.

Raquel Rolnik, relatora de la ONU para la vivienda adecuada, visitó las ciudades sedes del Mundial y constató que existen irregularidades en las expropiaciones. "De acuerdo con las leyes internacionales relevantes, una persona jamás puede quedar, tras una expropiación, en una situación peor que la que tenía antes, pero eso es lo que ocurrió", aseguró Rolnik.

Según la Asociación Nacional de Comités Populares de la Copa, hubo centenas de desalojos en todas las ciudades que serán sede de la competición, pero en muy pocos casos se ofreció la debida atención a las familias.

En San Paulo, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo de Brasil ha levantado un precario campamento que alberga a unas 2.800 familias a pocos kilómetros del Arena Corintios, un estadio que costó 450 millones de dólares, para exigir al gobierno viviendas asequibles.

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