Informantes mexicanos prefieren declarar ante fiscales de EU

México.- La falta de garantías y desconfianza en la justicia ha generado que los delincuentes decidan acogerse al programa de testigos protegidos de Estados Unidos, motivo por el cual esa nación encabeza las investigaciones contra criminales mexicanos, funcionarios y ex servidores públicos que guardan presuntamente relación con actividades ilícitas.

Así lo reconoció una autoridad de primer nivel de la Procuraduría General de la República (PGR), quien dijo que mientras no se apruebe la Ley Federal para la Protección de las Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal se corre el riesgo de que las agencias estadunidenses "vengan por cualquier" presunto criminal al país.

Esta problemática, comentó, ya fue expuesta a los legisladores por la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez. La funcionaria ha insistido en la necesidad de contar con dicha ley para garantizar el futuro de los malhechores arrepentidos, quienes corren peligro de ser asesinados por sus organizaciones delictivas y buscan obtener beneficios a cambio de delatar a sus cómplices.

Según datos de la mencionada institución, de 1997 a 2010 se han invertido más de 136 millones de pesos en este rubro (50 millones durante los primeros cuatro años de la gestión de Felipe Calderón). Hasta 2007 la PGR tuvo 426 testigos.

El dinero no sólo se ha gastado en seguridad y manutención de los testigos colaboradores o protegidos; una parte se destinó a los agentes federales que brindaron protección a estas personas, además de que se rentaron inmuebles mientras se llevaban a cabo los procesos judiciales contra integrantes del crimen organizado.

De acuerdo con los oficios DGPDSC/UEAI/2118/2006 y DGPDSC/UEAI/5364/2007, de 1997 a 2003 al menos 252 personas decidieron ser testigos colaboradores o protegidos, mientras que de 2004 a 2007 la cifra de sujetos en esta condición fue de 174.

La información proporcionada por la PGR señala que hasta 2003 se dispuso de 36 millones 885 mil 883 pesos 78 centavos, dinero que se utilizó en la manutención y seguridad, no solo de los testigos protegidos, sino de todas aquellas personas involucradas en el proceso.

En tanto, de 2004 a 2007 se desembolsaron 36 millones 295 mil 744 pesos 24 centavos, además de 12 millones 456 mil 379 pesos en arrendamiento, los cuales suman 49 millones 360 mil 484 pesos 16 centavos.

En 2008 se gastaron 15 millones 123 mil pesos; en 2009, 20 millones 197 mil pesos y en 2010, 14 millones 825 mil pesos.



Nueva Ley

Dolores de los Angeles Nazares Jerónimo, diputada federal del PRD y presidenta de la Comisión de Equidad y Género, expresó en tribuna que con la aprobación de la Ley Federal para la Protección de las Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal se estará regulando una de las figuras más perniciosas del sistema judicial mexicano, pues se ha prestado a una serie de abusos y violación de las garantías del debido proceso.

Más aún, la legisladora asegura que los testigos protegidos "han sido utilizados para la acusación secreta y anónima".

Mencionó que, según cifras oficiales, la PGR utiliza testigos protegidos en aproximadamente 80 por ciento de las averiguaciones previas, lo que anualmente cuesta al erario público alrededor de 13 millones de pesos, lo que significa que el gobierno paga mensualmente 14 mil pesos por cada testigo.

Funcionarios de la PGR subrayaron que dicha ley -que se encuentra a debate en el Senado de la República- es innovadora, porque no solo protege a los testigos, sino también a las víctimas o a los propios servidores públicos que intervienen en la investigación, en la persecución o en el proceso penal.

De igual manera, propone la creación de un centro federal de protección a personas, que practicará estudios técnicos para determinar y graduar la existencia de los riesgos. Las medidas de protección que prevé son tratamientos psicológicos y médicos.

En la parte administrativa se resolverá lo referente a alojamiento, transporte, comunicaciones, atención sanitaria, reinserción laboral y gastos que se originen de la vivienda.

Las otras medidas que pondrá en marcha son protección, reserva de identidad y cambio de identidad, entre otras.