Encuentran más de 60 los cadáveres en una fosa común de Perú

"Lo que más indigna es el hallazgo de restos de niños de entre seis y doce años, lo que permite corroborar que mataron a familias completas", afirmó Norberto Lamilla, director de la asociación Paz y Esperanza, una de las instituciones que trabaja en el caso.

Las excavaciones en el distrito Santillana, de la provincia ayacuchana de Huanta, comenzaron en días pasados, en el marco de una diligencia dispuesta para corroborar investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), según las cuales en ese lugar fueron asesinados y sepultados unos 123 miembros de las comunidades campesinas indígenas Cayramayo, Vizcatampata, Orccohuasi y Putis.

Según las conclusiones a que llegó la CVR tras recibir numerosos testimonios e indicios, los campesinos llegaron hasta ese lugar, donde funcionaba entonces la base militar de Putis, para pedir protección, pues estaban amenazados por Sendero. No obstante, los militares los mataron al considerarlos sospechosos.

A los labriegos se les pidió abrir un enorme hueco en el suelo para hacer una piscigranja que le serviría a la comunidad, según les dijeron, pero cuando terminaron fueron fusilados y enterrados ahí mismo, de acuerdo con relatos de sobrevivientes que acusan a un teniente coronel "Oscar", un teniente "Bareta" y un tercer oficial conocido como "Lalo".

En director adjunto de Paz y Esperanza, Germán Vargas, denunció falta de ayuda oficial para aclarar el episodio.

"La CVR solicitó en su momento información al Ministerio de Defensa. Sin embargo no se proporcionó, con el argumento que siempre se usa en estos casos: que no hay información porque se trató de una base itinerante. Desde nuestro punto de vista hay intención de encubrir responsabilidades criminales que venían del Ejército", dijo Vargas.

"Se trata de un hecho perpetrado por militares en circunstancias deplorables, porque se trató de comuneros que habían acudido a la base militar solicitando protección, pero ésta se tradujo más bien en la traición y asesinato de familias enteras", añadió el activista en diálogo con la cadena radial CNR.

La exhumación, a cargo del Equipo Peruano de Antropología Forense, fue dispuesta por la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Ayacucho, y debe seguir en los próximos días. Se trata, según expertos, de la fosa común más grande hallada en Perú.

El departamento centroandino de Ayacucho, a 600 kilómetros de Lima y uno de los tres más pobres del país, fue de lejos el más afectado por la violencia política que padeció Perú de 1980 a 2000. La zona en que está la fosa es un lugar paupérrimo a 3.500 metros de altura.