Buscaron un tratamiento para su adicción al consumo de drogas y terminaron esclavizadas en Indonesia

Indonesia- Investigadores dedicados a combatir la corrupción en Indonesia comenzaron la campaña para atrapar al poderoso funcionario después de descubrir que dos de sus asistentes aceptaron 40.000 dólares como soborno.

Según descubrieron los investigadores, los prisioneros fueron capturados con el engaño de que iban a participar en un programa de rehabilitación por el consumo de drogas y obligados a trabajar como esclavos en una plantación de palmas y una fábrica de aceite de palma propiedad del funcionario, Terbit Rencana Perangin-angin, y su familia.

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Decenas de víctimas les relataron a las autoridades que no habían recibido ningún tratamiento para combatir su adicción.

“Esto no tenía nada de rehabilitación, pura cárcel”, aseveró uno de los antiguos prisioneros, de 31 años, que se hace llamar Bambang y colaboró con dos investigaciones del gobierno. “Nos trataron como animales. Estábamos perdidos ahí”.

Los investigadores especializados en casos de corrupción arrestaron a Perangin-angin, de 50 años, por cargos de soborno en enero de 2022, unos días después de que se descubrieron las jaulas. Se le juzgó por soborno y fue condenado en Yakarta, la capital, donde lo sentenciaron a siete años y medio en octubre. La policía incautó su fábrica y le retiraron su cargo de regente electo, algo parecido al líder de un condado en Estados Unidos.

Pero a Perangin-angin no se le ha acusado ni juzgado por ningún cargo relacionado con los hombres encontrados tras las rejas en su propiedad.

Este caso pone de relieve el terrible historial de Indonesia en temas de derechos humanos y la desenfrenada corrupción que existe a nivel regional, donde con frecuencia a los gobernadores, regentes y alcaldes de ciudades grandes se les apoda “reyecitos”.

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Una investigación de la policía provincial de Sumatra Septentrional descubrió que 656 hombres y adolescentes habían estado presos en jaulas en las tierras de Perangin-angin durante la década previa a su arresto. Por lo regular, los tenían cautivos unos 18 meses y luego los dejaban ir.

A la mayoría de las víctimas las obligaron a trabajar en la fábrica o en la plantación, por lo regular con jornaleros que sí recibían un pago. Muchos fueron víctimas de tortura y abuso sexual y recibieron latigazos y quemaduras. Seis prisioneros murieron, entre ellos por lo menos tres que fueron torturados hasta morir, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia.

Algunos exprisioneros también hacían la limpieza en la mansión de Perangin-angin, lavaban sus vehículos y alimentaban a sus 200 vacas. Era muy fácil reconocer a los prisioneros por el corte de cabello tan corto.

“El regente no quería gastar dinero en contratar jornaleros, así que usaron el programa de rehabilitación como pretexto para esclavizarnos”, explicó Ardi, de 18 años, quien fue capturado a los 15 años y debía barrer el piso en la mansión del regente. “Pero nunca nos dieron ningún tipo de tratamiento. En esencia, era un timo”.

Ardi forma parte de un grupo de cuatro víctimas que reciben protección y aceptaron dialogar con The New York Times con la condición de que no se les identificara con su nombre completo por temor a sufrir represalias.

Aunque las jaulas eran un secreto conocido en la comunidad, la policía y los funcionarios locales nunca intervinieron porque se consideraba que Perangin-angin tenía gran poder en la regencia de Langkat, la jurisdicción en la que se encontraron las jaulas. Algunos agentes de la policía y soldados incluso ayudaban a vigilar a los hombres, o a torturarlos, según declaraciones de las víctimas y las autoridades.

“Nadie podía detenerlo”, explicó Rianto Wicaksono, agente de la Agencia de Protección de Víctimas y Testigos de Indonesia, organismo independiente del gobierno que se encarga de salvaguardar a las víctimas y los testigos de ciertos delitos. “La policía en el área estaba bajo sus órdenes. Nadie reunió el valor para enfrentarlo”.

Aunque Perangin-angin ha evadido hasta ahora cargos en el caso de esclavitud, 13 de unos 60 hombres identificados por las víctimas ya han sido procesados por su participación en la operación.

Las víctimas que atestiguaron sobre los malos tratos recibidos comentan que les causa frustración la indulgencia mostrada por la policía y los tribunales. Ninguno de los acusados ha enfrentado más de un solo cargo, y la sentencia más larga dictada fue de tres años.

Un tribunal militar condenó a cinco soldados por torturar a los prisioneros y los sentenció a un año como máximo. Cinco agentes de la policía (entre ellos el cuñado de Perangin-angin) fueron degradados, pero no se presentó ningún cargo en su contra.

El hijo de Perangin-angin, Dewa Rencana Perangin-angin, de 25 años, fue condenado en noviembre por torturar a un hombre hasta la muerte y su sentencia fue de 19 meses. Terbit Rencana Perangin-angin ha negado conocer la operación. Ni él ni su hijo respondieron a nuestra solicitud de una entrevista o de responder una serie de preguntas que se le hicieron llegar a su abogado.

Las acciones de presión para dar paso a los procedimientos han estado encabezadas por la agencia de protección a testigos y el grupo nacional de derechos humanos Kontras, que realizaron su propia investigación e instaron a la policía a hacer más. La agencia de protección a testigos calcula que el negocio de Perangin-angin produjo 12 millones de dólares gracias al trabajo no remunerado de las personas que tenía cautivas.

“No es de sorprender que el proceso legal haya sido tan benevolente con todos los culpables”, señaló Rahmat Muhammad, director de Kontras para Sumatra Septentrional. “Es porque el regente es rico y cuenta con una red de conocidos poderosos”.

Puesto que era el funcionario electo de más alto rango en la regencia de Langkat, Perangin-angin hizo valer su voluntad con violencia, intimidación y conexiones políticas. Encabezaba el partido político dominante en la zona, así como una organización juvenil de gran influencia política conocida por sus extorsiones. Tenía parientes en puestos claves de liderazgo, incluida su hermana, presidenta del Parlamento de la regencia.

Cuando Sarianto Ginting llegó al lugar en busca de tratamiento para su adicción a las drogas a mediados de 2021, Dewa Perangin-angin lo interrogó, según relata Bambang.

Cuando Ginting insistió en que no consumía drogas, sino que solo bebía, Perangin-angin lo golpeó con un palo de madera y lo azotó con una manguera para compresor, según Bambang.

“Le gustaba ver cómo torturaban a otros”, afirmó Sueb, de 34 años, otra víctima, cuando se le pidió describir a Perangin-angin. “Cuando él mismo torturaba a alguien, estaba fuera de control”.

A pesar de las lesiones del hombre, Perangin-angin le ordenó a Ginting bañarse en un estanque cercano y les ordenó a los guardias que lo empujaran, según el relato de Bambang. La segunda vez que se sumergió Ginting, ya no salió.

Bambang, quien ayudó a recuperar el cuerpo de Ginting del estanque, dijo que rechazó una oferta que le hicieron de un automóvil y 33,000 dólares, una cantidad enorme en el poblado, a cambio de que no testificara en contra de la familia Perangin-angin. El Perangin-angin más joven y otro hombre fueron condenados por torturar a Ginting hasta la muerte.

Con mucha discreción, Perangin-angin fue liberado después de cumplir la mitad de su sentencia de 19 meses. Aparece en un video sonriente y bailando en una boda este año. c.2023 The New York Times Company.

Por Richard C. Paddock The New York Times.