Disuelve Nicaragua a los jesuitas y les decomisa todos sus bienes

Internacional
/ 23 agosto 2023

Denuncia el régimen anomalías financieras y en el registro de la asociación religiosa

La Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, conocidos como los jesuitas, fue finalmente decapitada este 23 de agosto por el Ministerio de Gobernación de Nicaragua, controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El régimen alega que los jesuitas “no reportaron sus estados financieros de los años 2020, 2021 y 2022″, en lo que supone un zarpazo definitivo justo una semana después de la confiscación de facto de la Universidad Centroamericana (UCA), administrada por la orden religiosa desde hace más de 60 años en Nicaragua.

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“Tenían su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020″, se lee en el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta. Los argumentos son idénticos a los usados por el régimen contra las más de 3 mil asociaciones desde el año 2018.

Los bienes de la Compañía de Jesús en Nicaragua también fueron confiscados. “Lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley 1115, corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua”, mandata Gobernación.

Esta disposición implica la confiscación de los colegios Loyola y Centroamérica, que están bajo la administración de los jesuitas de la Compañía de Jesús y también de escuelas de Fe y Alegría. Fuentes cercanas al Gobierno aseguraron que la toma de los colegios es inminente, ya que estos centros también ya estaban siendo acosados administrativamente por el régimen.

“Las dictaduras odian siempre que la inteligencia crítica, racional y humanista, sea llevada a cabo desde el pensamiento cristiano o desde el pensamiento laico. El impacto es sin lugar a dudas de un fuerte deterioro y empobrecimiento cultural”, dijo el sacerdote jesuita José María Tojeira después de conocer la confiscación de la universidad privada.

$!Desde el 2018 inició la ofensiva del régimen de Ortega contra asociaciones.

TOMAN CASA DE LOS JESUITAS

El pasado 19 de agosto la policía se tomó la casa residencial de los jesuitas en Managua. En ella vivían tres sacerdotes y otros tres religiosos en formación, incluido el rector de la universidad confiscada, el padre Rolando Alvarado. La expropiación del inmueble ocurrió cuando regresaban de un almuerzo.

“Cinco jesuitas llegaron a la residencia en Villa El Carmen, intentaron entrar por un acceso desde una de las calles de Reparto San Juan cuando vieron que en los portones habían más de 20 policías del régimen”, relata una fuente ligada a la Compañía de Jesús.

Cuando los sacerdotes entraron a la residencia, más de 20 policías bien armados se metieron a la propiedad. Sin agredirlos, un comisionado les dijo que entraran a sus cuartos para que sacaran solo sus cosas personales, porque no se podían quedar en la casa de la UCA. “La casa es propiedad del Estado de Nicaragua”, dijeron los policías.

Cada sacerdote fue con dos oficiales a sus cuartos, sacaron lo que pudieron y salieron de la residencia. “Desafortunadamente, andaban en un vehículo pequeño, el único que les dejaron llevarse”. Todo lo que se encontraba en la residencia, incluidos otros vehículos, fueron confiscados por los policías del régimen Ortega-Murillo.

La confiscación de la UCA ha causado una desbandada de estudiantes. Cientos eligieron inscribirse en La Universidad Americana (UAM), propiedad del Ejército de Nicaragua. Sin embargo, la UAM suspendió la matrícula de cientos de estudiantes provenientes del centro confiscado argumentando que los universitarios se habían matriculado sin presentar sus certificados de notas oficiales.

Hace cinco días también trabajadores de la extinta UCA denunciaron que miembros de sindicatos sandinistas les informaron de que sólo contará con 100 colaboradores para laborar en la universidad Casimiro Sotelo. La comunidad educativa de la UCA ascendía a más de 5 mil estudiantes y 500 docentes, sin incluir el personal administrativo y de servicio.

Con información de El País

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