EU deporta a 9 migrantes en secreto, sin considerar sus protecciones legales

Por: Pranav Baskar and Hamed Aleaziz

En el marco de un acuerdo secreto de deportación, el gobierno de Donald Trump trasladó en enero a Camerún a nueve personas, a casi todas las cuales se les había concedido protección judicial para no ser devueltas a sus países de origen.

Ninguna de ellas es oriunda de la nación africana de Camerún, según documentos del gobierno obtenidos por The New York Times y abogados de los deportados. Además, Estados Unidos no ha llegado a ningún acuerdo público con Camerún para aceptar deportados que procedan de otras naciones.

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Varios de los hombres y mujeres deportados —de cuyos casos no se ha informado anteriormente— dijeron al Times que no sabían que iban a ser enviados a Camerún hasta que fueron esposados y encadenados en un vuelo del Departamento de Seguridad Nacional que salió de Alexandria, Luisiana, el 14 de enero.

Cuando se le contactó por teléfono, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Camerún declinó hacer comentarios, y cuando se le preguntó por los términos de un posible acuerdo, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que no haría comentarios sobre sus “comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos”.

La mayoría de esos migrantes y sus abogados dicen que desde entonces están detenidos en un complejo estatal de Yaundé, la capital de Camerún. Dicen que las autoridades locales les han indicado que no pueden abandonar las instalaciones a menos que acepten regresar a sus países de origen, de los que huyeron para escapar de la guerra o la persecución.

Por lo que se sabe, las deportaciones son las primeras expulsiones de este tipo a Camerún. Ponen de relieve el extraordinario secretismo que rodea el esfuerzo de deportación global del presidente Trump. Mediante acuerdos poco transparentes forjados con gobiernos dispuestos a ello —a menudo a cambio de dinero—, Estados Unidos ha deportado a cientos de personas a países que pueden no respetar las protecciones de expulsión que se les han concedido en los tribunales estadounidenses, enviándolas de regreso a los peligros de los que huían.

El Times reconstruyó el relato de las deportaciones secretas a Camerún mediante entrevistas telefónicas con cuatro personas que viajaron en el vuelo y sus abogados, y verificó sus expulsiones y estatus de protección mediante documentos del gobierno que mostraban que la mayoría contaban con protecciones de expulsión. Los migrantes hablaron bajo condición de anonimato, por temor a represalias.

Un hombre de 37 años, originario de Zimbabue, comparó la deportación con una operación de contrabando y dijo que a él y a los demás migrantes los “dejaron caer como paquetes de UPS” en Camerún. El hombre, que llevaba 15 años viviendo en Estados Unidos, dijo que los funcionarios cameruneses les estaban presionando para que volvieran a sus países de origen. Dijo que se había ido de Zimbabue tras ser detenido por negarse a alistarse en el ejército y que temía por su vida si regresaba allí.

Las personas deportadas dijeron sentirse traumatizadas y exhaustas por el limbo en el que se encuentran. Contaron que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional los habían trasladado a la fuerza desde diversos centros de detención migratoria de todo el país —donde algunos llevaban más de un año— a Alexandria, uno de los centros de deportación más ajetreados del gobierno de Trump, sin información alguna sobre su destino.

Joseph Awah Fru, abogado camerunés que apoya a los migrantes en las negociaciones con las autoridades locales, dijo que dos de los nueve que llegaron a Camerún en el vuelo optaron por regresar a sus países de origen. Ocho de las nueve personas del vuelo, añadió Fru, gozaban de la protección de expulsión concedida a las personas que logran convencer a un tribunal de que, si son devueltas a sus países de origen, es probable que sufran persecución.

Sus abogados dijeron que ninguno de los deportados tenía antecedentes de delitos violentos.

No estaba claro si Camerún había recibido algo a cambio de aceptar a los deportados, pero, según algunas estimaciones, el gobierno estadounidense ha pagado más de 40 millones de dólares en acuerdos de deportación a terceros países, según una investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado publicada el viernes.

El gobierno de Trump ha recurrido cada vez más a la deportación de migrantes a países distintos a los de su lugar de origen. Es una forma no solo de disuadir a la gente de ir a Estados Unidos, sino también de expulsar rápidamente a personas a las que podría resultar difícil enviar a sus países por diversos motivos, como la falta de relaciones diplomáticas o la dificultad para conseguir documentos de viaje.

Los críticos de la medida dijeron que equivalía a eludir las órdenes judiciales estadounidenses. “Enviar a personas a un tercer país en el que se les fuerza a ser deportadas a un país al que no podemos deportarlas es totalmente ilegal”, dijo Scott Shuchart, exfuncionario del ICE que trabajó en el gobierno de Biden.

Entre los que se encuentran ahora en el recinto de Yaundé hay personas que dijeron haber escapado de la cárcel por sus creencias políticas, haber sobrevivido a guerras y haber huido de países donde se criminaliza su orientación sexual. En las visitas periódicas de funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, que se ocupa de sus casos, se ha dicho a los deportados que no hay ayudas para que reciban asilo en Camerún, y que su única opción es volver a sus países de origen.

Pero muchos de ellos dijeron que volver supondría un peligro para sus vidas. Una mujer de 32 años de Ghana que huyó de la persecución por su orientación sexual dijo que había migrado a Estados Unidos en busca de protección, porque había recibido amenazas de asesinato por parte de miembros de su familia y de su comunidad. Añadió que el gobierno camerunés ha tratado su deportación allí como una cuestión de tránsito, instándoles a regresar a sus países de origen.

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Otra mujer, una ghanesa de 20 años que lleva más de un año detenida por motivos migratorios, comparó regresar al país con “firmar una sentencia de muerte”. Dijo que se siente atrapada, porque su tribu en Ghana le ha dicho que van a matarla, pero también está cansada de una detención que parece interminable.

La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, no respondió a una serie de preguntas detalladas sobre los deportados en Camerún.

Algunas personas deportadas por Estados Unidos a terceros países en virtud de acuerdos secretos han sido devueltas a las naciones de origen de las que huyeron. Ocho de los nueve migrantes deportados a Guinea Ecuatorial fueron devueltos a sus países de origen, incluido uno con una solicitud de asilo, en otro acuerdo no hecho público. En septiembre, Ghana deportó al menos a tres personas, a pesar de que tenían protección contra la expulsión.

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