Fiscalía imputa a ex pareja de Evo Morales por delitos de corrupción
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El Gobierno de Morales admitió que esta denuncia influyó en la derrota que sufrió el oficialismo en la consulta del 21 de febrero.
La Fiscalía imputó a la empresaria Gabriela Zapata, ex pareja del presidente boliviano Evo Morales, por los delitos de enriquecimiento con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas, ambos castigados con hasta ocho años de prisión.
El abogado de Zapata, Walter Zuleta, informó hoy que la imputación del Ministerio Público fue planteada cerca de la una de madrugada, 14 horas después que la Policía la detuviera. Su cliente pasó la noche en una comisaría, indicó el letrado.
Un juez decidirá si la empresaria se defiende en libertad o es enviada a prisión mientras se desarrollan las investigaciones solicitadas por el Ministerio boliviano de Transparencia.
Cuando tenía 19 años, Zapata se convirtió en la madre del tercer hijo del presidente Morales. El bebé murió a poco de nacer en 2007, reveló hace cuatro semanas el mandatario sin precisar la fecha del deceso tras una denuncia periodística.
En 2013, Zapata se proyectó hasta la gerencia comercial de la oficina en Bolivia de la empresa china CAMC Engineering, que se adjudicó sin licitación siete obras estatales por un valor superior a 500 millones de dólares.
El meteórico enriquecimiento de Zapata se relacionó con un tráfico de influencias a favor de CAMC, que ahora es investigada por una comisión de la Asamblea Legislativa y por la Contraloría General de Estado.
Carlos Ortiz, senador de la opositora y conservadora Unidad Demócrata (UD), señaló hoy que la "sorpresiva captura de Zapata" es una "cortina de humo" para evitar que la comisión legislativa pueda investigar a la ex pareja de Morales.
La denuncia de tráfico de influencias se conoció durante la campaña del referéndum que promovió el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) para que Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, pudieran buscar una nueva reelección en 2019.
El Gobierno de Morales admitió que esta denuncia influyó en la derrota que sufrió el oficialismo en la consulta del 21 de febrero. Los electores bolivianos rechazaron en el referéndum la enmienda constitucional sobre la reelección.
