La Corte Suprema de EU dividida rechaza la congelación de la ayuda exterior de la administración Trump
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Por una votación de 5 a 4, el tribunal le dijo al juez de distrito estadounidense Amir Ali que aclarara su orden anterior que requería que la administración republicana liberara casi 2 mil millones de dólares en ayuda para el trabajo
En EU, una Corte Suprema profundamente dividida rechazó el miércoles un intento de la administración de Trump de reprender a un juez federal que impuso un plazo rápido para liberar miles de millones de dólares en ayuda exterior.
Por una votación de 5 a 4, el tribunal le dijo al juez de distrito estadounidense Amir Ali que aclarara su orden anterior que requería que la administración republicana liberara casi 2 mil millones de dólares en ayuda para el trabajo que ya se había realizado.
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El juez Samuel Alito encabezó la disidencia de cuatro jueces conservadores, que afirmaron que Ali carece de autoridad para ordenar los pagos.
Alito escribió que le sorprende que el tribunal esté recompensando “un acto de arrogancia judicial”.
La acción del tribunal deja vigente la orden de restricción temporal de Ali que había suspendido el congelamiento de gasto.
Alito celebrará una audiencia el jueves para considerar una pausa más duradera.
La mayoría señaló que la administración no había impugnado la orden inicial de Alito, sino sólo la fecha límite.
El tribunal le ordenó a Ali que “aclare qué obligaciones debe cumplir el gobierno para garantizar el cumplimiento de la orden de restricción temporal, teniendo debidamente en cuenta la viabilidad de cualquier plazo de cumplimiento”.
La administración ha argumentado que la situación ha cambiado porque ha reemplazado un congelamiento general del gasto con determinaciones individualizadas que llevaron a la cancelación de 5 mil 800 contratos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otras 4 mil 100 subvenciones del Departamento de Estado por un total de casi 60 mil millones de dólares en ayuda.
Alito ordenó que se restableciera temporalmente la financiación el 13 de febrero, pero casi dos semanas después descubrió que el gobierno no daba señales de cumplir y estableció una fecha límite para liberar el pago por el trabajo ya completado.
La administración apeló, calificando la orden de Alito de “increíblemente intrusiva y profundamente errónea” y protestando por el plazo para liberar el dinero.
