Por primera vez, fabricante de armas de EU acepta culpa por tiroteo en la escuela Sandy Hook

Una empresa de armas de fuego, por primera vez, fue responsabilizada legalmente por el tiroteo masivo que se presentó en una primaria de Estados Unidos donde se empleó un arma de dicha corporación.

Remington Arms aceptó resolver una demanda legal de responsabilidad interpuestas por las familias de los 20 niños y seis docentes asesinado en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut en diciembre de 2012 a manos de Adam Lanza.

En 2014 se promovió la demanda donde las familias acusaron a Remington de comercializar y vender rifles de asalto parecidos a los de uso militar a consumidores civiles. Insistieron que su propósito fue obligar a la empresa a asumir la responsabilidad y evitar “otro Sandy Hook”.

Según un documento publicado por el tribunal este martes, difundido por la Agencia EFE, el grupo denunciante de familiares de nueve víctimas de la matanza notificó al juez que se ejecutó “un acuerdo de conciliación entre las partes” y pidió que se suspendan los plazos del litigio que estaba en marcha.

Se trata de la primera vez que un fabricante de armas, en este caso el más antiguo del país, rinde cuentas ante la Justicia por un tiroteo masivo en Estados Unidos de acuerdo con los medios.

Aunque no se especifica la cantidad del acuerdo, el canal ABC News indicó que Remington, que se ha declarado dos veces en quiebra desde 2012, acordó compensar a los familiares de las víctimas de la matanza de Sandy Hook con un total de 73 millones de dólares.

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Durante el proceso, los abogados de las familias argumentaron que la publicidad del rifle semiautomático utilizado, el Bushmaster AR-15, violó la legislación estatal, ya que se dirigía a consumidores civiles, pero por sus características sería solo adecuado para un uso por parte de personal militar y policial.

La matanza reabrió el debate sobre el control de armas en el país y la responsabilidad que se les puede exigir a los fabricantes por este tipo de tragedias, ya que una ley federal de 2005 les otorga una amplia inmunidad ante posibles demandas de familiares de víctimas.