‘La escuela es nuestra’: SEP se negó a comprobar 12 mmdp
La SEP evadió reconocer el gasto de 12 mil 874 millones de pesos que se distribuyeron con el programa gubernamental ‘La escuela es nuestra’, según la Auditoría Superior de la Federación
Delfina Gómez, quien está al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a parte de no justificar grandes cantidades de dinero, tampoco reportó si se aplicó debidamente el presupuesto para alimentos y la extensión de la jornada educativa, con lo que se pretendió sustituir el programa de ‘Escuelas de Tiempo Completo’.
Tomando en cuenta que el apoyo a las escuelas no se puede repetir, la SEP benefició a mil 935 planteles, repartiendo bienes monetarios para rehabilitación en zonas identificadas como “prioritarias”.
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En 2019 se creó el programa de la ‘Escuela es Nuestra’, con subsidios directos a padres de familia para que decidieran y ejecutaran los trabajos de mejoramiento, rehabilitación y equipamiento de infraestructura escolar, incluso construcción de obra mayor.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) examinó los apoyos otorgados a 44 mil 299 Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) y solicitó a la SEP que indicara cómo se utilizaron los fondos en conceptos como infraestructura, equipamiento, extensión de horarios y servicios de alimentación.
Al respecto, la SEP indicó que “no cuenta con esa información, toda vez que los subsidios son entregados de manera directa a los referidos CEAP y éstos son los responsables de decidir el uso y destino de los apoyos así como de resguardar la documentación comprobatoria correspondiente”, destacó el órgano de control, evidenciando que no se siguieron las normas para la aplicación de los recursos públicos entregados a los padres de familia.
“Queda en evidencia que la Dirección General la Escuela es Nuestra no implementó los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento de las diversas acciones que realizaron los CEAP en materia de infraestructura educativa, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de la SEP, ni para identificar los planteles que utilizaron parte de los recursos para el servicio de alimentación y la extensión del horario escolar”, señaló la ASF como irregularidad.
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La Auditoría informó que solo 33 CEAPs reintegraron 9.3 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, principalmente porque 30 de ellos renunciaron al apoyo y los otros 3 planteles dejaron de funcionar. La auditoría destacó que la SEP evadió su responsabilidad de seguimiento y supervisión del gasto.
A pesar de que la Dirección General de “La Escuela es Nuestra” alegó que no tenía la autoridad legal para llevar a cabo este seguimiento, la ASF argumentó que esto carecía de fundamento, ya que el Reglamento Interior de la SEP le otorgaba dicha autoridad. Además, las Reglas de Operación del programa incluían la obligación de la SEP de dar seguimiento al uso de los apoyos.
Se identificó que, de los 44 mil 299 planteles beneficiados, solo 13 mil 701 establecieron “Comités de Contraloría Social”, de los cuales 4 mil 838 no proporcionaron información sobre el uso de los fondos.
Sin advertir daño al apoyo público ni sanción administrativa, la ASF sólo recomendó a la SEP implementar un mecanismo que permita que los (CEAP) rindan cuentas de los recursos que reciban del citado programa.
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Considerando aquellos que se encuentren ubicados en zonas urbanas que cuentan con la conectividad a internet necesaria, que permita a los referidos comités ingresar la información correspondiente a la aplicación y comprobación de los recursos que reciben, con el fin de cumplir con el seguimiento del gasto.
En las visitas de la ASF a 43 planteles que recibieron apoyo por un total de 23 millones 600 mil pesos, se verificó que destinaron 22 millones 716 mil pesos a trabajos de mantenimiento, rehabilitación y construcción. Los miembros de los CEAP informaron que no asignaron recursos a servicios de alimentación ni a la extensión del horario escolar, ya que no se consideraron prioritarios.
La Auditoría de la Federación también alertó que no se proporcionó capacitación a los padres de familia para llevar a cabo obras mayores, lo que supone un riesgo para la seguridad.
Además, no se encontraron pruebas de que se cumplieran con las especificaciones técnicas de construcción aplicables en materia de infraestructura educativa en los casos en que se destinaron fondos a obras mayores, lo que no garantiza la seguridad de la comunidad escolar.
La ASF recomendó que la SEP implementara mecanismos para garantizar el seguimiento adecuado del gasto y brindara capacitación y asesoramiento a los CEAP para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa.
