Abogado denuncia ‘doble rasero’ del gobierno mexicano en extradiciones y caso Rubén Rocha Moya

El abogado penalista Marco Antonio Avilés Huerta, defensor de 13 de los 92 mexicanos enviados a Estados Unidos entre 2025 y 2026 a petición de autoridades estadounidenses, cuestionó la actuación del gobierno federal al señalar diferencias en el trato jurídico otorgado a esas personas y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuya detención preventiva con fines de extradición fue solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En entrevista, el litigante afirmó que las personas entregadas al gobierno estadounidense fueron trasladadas sin que se observaran plenamente las garantías relacionadas con el debido proceso establecidas en tratados internacionales de extradición entre México y Estados Unidos.

Avilés Huerta sostuvo que las 92 personas fueron “desterradas” y actualmente enfrentan condiciones que, según dijo, incluyen incomunicación, restricciones para recibir visitas y procesos judiciales bajo acusaciones relacionadas con terrorismo y delincuencia organizada.

ABOGADO SEÑALA QUE SE LE OTORGÓ UN TRATO ESPECIAL A RUBÉN ROCHA MOYA

El abogado señaló que, mientras en el caso de Rocha Moya se ha insistido en revisar pruebas y garantizar el debido proceso, en las entregas realizadas desde el 27 de febrero de 2025 no existieron obstáculos legales ni procedimientos prolongados.

“Con los 92 fue un ejercicio soberanamente entreguista al gobierno americano en decir ‘Aquí está lo que me pediste’. Eso está muy mal. Y ahora ¿qué pasó con Rubén Rocha? Se puso el Estado mexicano exquisito en observar todos esos derechos que debió haber observado para estos 92”, expresó.

DEFENSA DE 13 MEXICANOS ENVIADOS A ESTADOS UNIDOS DETALLA ESTADO LEGAL DE LOS DETENIDOS

De acuerdo con el abogado, de las 13 personas que representa, tres ya contaban con procesos de extradición concluidos y únicamente esperaban cumplir sus sentencias en México para posteriormente ser entregados a autoridades estadounidenses.

Añadió que seis habían obtenido suspensiones judiciales mediante juicios de amparo para evitar ser extraditados, mientras que cuatro no tenían antecedentes de solicitudes formales por parte del gobierno de Estados Unidos.

Entre estos últimos casos, mencionó a una persona que se encontraba en proceso de preliberación y que, según dijo, había recibido confirmación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la República de que no existía ninguna solicitud de extradición en su contra.

Avilés Huerta afirmó que ha promovido recursos legales en tribunales mexicanos para exigir que el Estado mexicano otorgue asistencia consular a sus clientes y realice gestiones diplomáticas ante el gobierno estadounidense.

“Nosotros en sus procesos penales, en los juicios de amparo, dentro de los mismos procedimientos de extradición, no estamos pidiendo a los jueces que obliguen a Estados Unidos a regresarlos, porque evidentemente no pueden, pero sí puedes obligar al Estado mexicano a que haga algo por ellos”, declaró.

ACUSACIONES POR NARCOTERRORISMO Y RIESGO DE CADENA PERPETUA

El litigante explicó que sus defendidos enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, luego de que organizaciones criminales mexicanas fueran clasificadas como organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense.

Según señaló, esta situación coloca a sus clientes en riesgo de recibir sentencias de prisión vitalicia o incluso enfrentar solicitudes de pena de muerte.

“Ahorita todos están amenazados por parte de la Fiscalía (de Estados Unidos): si no cooperas, si no te declaras culpable, yo me encargo de que mínimo te impongan pena de prisión vitalicia”, afirmó.

El abogado también cuestionó declaraciones previas del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, respecto a la existencia de acuerdos con autoridades estadounidenses sobre las penas aplicables, al señalar que las sentencias son determinadas por jueces y no por fiscales.

DENUNCIAN INCOMUNICACIÓN Y FALTA DE ASISTENCIA CONSULAR

Marco Antonio Avilés Huerta indicó que las personas procesadas enfrentan restricciones severas dentro del sistema penitenciario estadounidense.

Detalló que varios de sus clientes permanecen incomunicados y sin acceso regular a familiares o abogados, además de que algunos de sus familiares habrían enfrentado cancelaciones o negativas de visas para visitarlos.

“Por el delito que se les atribuye están completamente aisladas”, aseguró.

El litigante sostuvo que la falta de asistencia consular vulnera derechos reconocidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Viena.

PIDEN INTERVENCIÓN DIPLOMÁTICA DEL ESTADO MEXICANO

El abogado señaló que busca que tribunales mexicanos ordenen a la Cancillería mexicana brindar protección consular y emitir una nota diplomática para solicitar el regreso de las personas entregadas a Estados Unidos.

Explicó que la intención sería que enfrenten procesos judiciales en territorio mexicano y, posteriormente, si Estados Unidos mantiene interés en juzgarlos, se inicie un procedimiento formal de extradición conforme a los tratados vigentes entre ambas naciones.

Como antecedente, mencionó el caso del médico mexicano Humberto Álvarez Machain, quien fue trasladado ilegalmente a Estados Unidos en la década de 1990 tras ser relacionado con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.

Avilés Huerta sostuvo que, en ese caso, el gobierno mexicano emitió una nota diplomática para solicitar su retorno.

CUESTIONA DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

El defensor insistió en que existe una diferencia en el trato jurídico entre personas relacionadas con estructuras del poder político y quienes no forman parte de ese entorno.

“Estamos frente a una aplicación contrastada, despótica, completamente arbitraria de la ley entre personas que no forman parte del poder político y personajes vinculados al gobierno”, declaró.

Finalmente, afirmó que el gobierno mexicano debe explicar las diferencias en el tratamiento de ambos casos.

“Para Rocha Moya, pruebas, soberanía y debido proceso; para los 92, destierro, silencio. Ese doble rasero es precisamente lo que hoy debe explicar el gobierno de México”, concluyó.

Con información de Proceso