Avalan Diputados elevar a rango constitucional Pensión del Bienestar; reducen de 68 a 65 años

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 483 votos a favor y cero en contra, reformar el artículo 4 de la Constitución para establecer el otorgamiento de pensiones a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años y a los adultos mayores de 65 años o más.

Y también se avaló la modificación del artículo 27 de la Carta Magna para elevar a rango constitucional el Programa Sembrando Vida, y que el Estado garantice un jornal permanente a los campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas.

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Además de un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, y un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala.

La reforma en materia de bienestar, contempla añadir a la Constitución que el Estado tendrá la obligación de mantener los precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.

El diputado Christian Castro Bello (PRI) anunció que su bancada votaría a favor de la reforma para que se eleven a cargo constitucional los programas sociales, pero dijo que Morena también debería proponer regresar las estancias infantiles, los comedores comunitarios, el programa Fomento a la Economía Social y el programa de Tres por Uno para Migrantes, por ejemplo.

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“Estos programas transforman vidas y empoderan a las personas, estos derechos sientan las bases para que las mujeres campesinas, los trabajadores del campo y los jóvenes sin oportunidades encuentren en estos apoyos una herramienta para salir adelante en condiciones de igualdad y de justicia, lo que significa que ningún partido político que esté en el poder podrá retirarle al pueblo ningún programa social. El dinero es de la gente y nadie les está regalando nada, los programas sociales son del pueblo y para el pueblo, no le pertenecen a nadie”, aseguró.

El diputado Iván Marín Rangel (PVEM) refirió que la entrega de estos apoyos no debe ser vista como un gesto de caridad, sino como el cumplimiento de un deber moral y ético y un derecho social; y que el Estado debe asegurar que cuenten con los medios para llevar una vida digna, libre de pobreza y marginación.

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“Al proporcionar estos recursos, se está fomentando la independencia y la autonomía de las personas con discapacidad, además, se les brinda la oportunidad de acceder a servicios educativos y de salud, sectores que son claves para su integración social y para la construcción de una vida con menor dependencia de otras personas. Sin lugar a dudas, estos apoyos económicos representan una inversión orientada a promover la solidaridad, la equidad y la justicia social”, dijo.

La diputada Amalia Moya (PAN) detalló que en el 2022 habían 12.6 millones de personas adultas, de las cuales 3.9 millones estaban en situación de pobreza; y según datos del Coneval, se agudizó la brecha de pobreza en los sectores vulnerables, por lo que la reforma ayudará a reducir el problema.

(Con información El Universal)