Comité de ONU pide a México dar cuentas sobre los 16 mil localizados
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Juan Pablo Albán exigió a autoridades mexicanas que aclaren quiénes son las personas que dicen haber localizado en el último año
El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, exigió al gobierno mexicano aclarar quiénes son las 16 mil personas desaparecidas que asegura haber localizado durante el último año, si fueron reunidas con sus familiares o si éstos recibieron información sobre su paradero, y advirtió que todavía quedan más de 120 mil personas por encontrar.
Luego de que su reconocimiento a los avances reportados por México fuera difundido como una felicitación al gobierno federal, Albán precisó que las cifras deben verificarse y que aun cuando las localizaciones sean ciertas, no pueden utilizarse para dejar de lado la crisis de desapariciones que enfrenta el país.
“Para que no se tergiversen mis palabras ayer (martes) ante la Tercera Comisión de la Asamblea General: si es verdad que los esfuerzos de México han permitido la localización de 16000 personas desaparecidas en el último año es algo que hay que felicitar”, escribió este miércoles en su cuenta de X.
Sin embargo, el funcionario internacional estableció tres precisiones sobre el alcance de sus declaraciones y la obligación de las autoridades mexicanas de continuar con las labores de búsqueda.
La primera consiste en conocer la identidad de las personas reportadas como localizadas y determinar si regresaron con sus familias o si, cuando menos, sus familiares fueron debidamente informados.
La segunda es que las cifras oficiales no modifican la magnitud de la crisis, pues, de confirmarse las 16 mil localizaciones, todavía permanecerían más de 120 mil personas pendientes de encontrar.
La tercera se refiere al papel de las familias buscadoras y a la intervención del propio Comité de Naciones Unidas.
Albán sostuvo que si los resultados anunciados por el gobierno mexicano son correctos, deben reconocerse también los esfuerzos de las familias y la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Afirmó que estos avances no eximen a la Asamblea General de examinar la situación de México y, de ser necesario, adoptar medidas en respuesta a la decisión del Comité de remitirle el caso.
El pronunciamiento se produjo un día después de que Albán presentara su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde reconoció los esfuerzos del Estado mexicano para localizar a personas desaparecidas, pero insistió en la necesidad de mantener la cooperación internacional.
Durante esa sesión, el presidente del CED recordó que el organismo identificó indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, así como de la persistencia de esta práctica en México.
Precisó que esa determinación no significa que se haya establecido la responsabilidad internacional del Estado mexicano ni que el Comité haya encontrado una política federal dirigida a cometer desapariciones forzadas.
El artículo 34 de la Convención permite al Comité llevar de manera urgente una situación a la atención de la Asamblea General cuando recibe información con indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en un Estado parte.
La finalidad de este procedimiento es que Naciones Unidas examine la situación y valore posibles medidas de cooperación y asistencia internacional para atender las desapariciones, fortalecer las investigaciones y apoyar a las víctimas.
El gobierno mexicano, sin embargo, reiteró su rechazo a la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación de ese artículo.
Durante la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, sostuvo que México no tolera ni consiente la desaparición de personas y defendió las acciones emprendidas para fortalecer los mecanismos de búsqueda.
La revisión ha generado inquietud entre colectivos de familiares de desaparecidos, que han cuestionado la falta de información sobre los criterios de selección de los especialistas y han exigido garantías de que ninguna persona sea excluida injustificadamente del registro.
En su aclaración de este miércoles, Albán insistió en que los resultados anunciados por México no eliminan la responsabilidad de la Asamblea General de analizar la situación que el Comité puso en su conocimiento.
