Corte Suprema de EU falla en contra de la demanda de México contra los fabricantes de armas
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El máximo tribunal estadounidense falló en contra de la demanda del gobierno mexicano que buscaba responsabilizar a empresas como Smith & Wesson e Interstate Arms por el tráfico de armas a cárteles del narcotráfico
El 5 de junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo unánime en el que desestimó la demanda interpuesta por el gobierno de México contra varios fabricantes de armas estadounidenses.
Entre las empresas señaladas destacan Smith & Wesson e Interstate Arms, acusadas de facilitar indirectamente el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano y, por ende, contribuir a la violencia generada por los cárteles del narcotráfico.
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La decisión, que refuerza el escudo legal del que gozan estas compañías en EU., representa un duro golpe para los intentos de México por combatir el flujo de armas ilegales provenientes del norte.
EL ORIGEN DE LA DEMANDA: UN INTENTO HISTÓRICO DE RENDIR CUENTAS
En 2021, el gobierno mexicano emprendió una demanda civil sin precedentes contra un grupo de fabricantes de armas, entre ellos Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. La acusación principal señalaba que estas empresas no solo eran conscientes de que sus armas terminaban en manos del crimen organizado en México, sino que también aprovechaban económicamente ese mercado ilegal.
De acuerdo con cifras oficiales, al menos el 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos. Aunque el país latinoamericano cuenta con estrictas leyes sobre posesión y venta de armas —solo existe una tienda autorizada en todo el país—, los cárteles logran introducir de contrabando miles de armas cada año.
LA DEFENSA DE LAS EMPRESAS: “NO SOMOS RESPONSABLES DEL USO CRIMINAL”
Las compañías acusadas rechazaron contundentemente la demanda, argumentando que no pueden ser legalmente responsables por el uso criminal que terceros hagan de sus productos. “La demanda de México no establece con claridad un vínculo de responsabilidad directa”, señalaron.
Además, invocaron la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2005, que protege a la industria armamentista de la mayoría de las demandas civiles cuando sus productos son utilizados en actos delictivos.
FALLO UNÁNIME DE LA CORTE: RESPALDO A LA INDUSTRIA ARMAMENTISTA
La jueza Elena Kagan, en representación de la Corte Suprema, indicó que “no se puede iniciar una acción contra un fabricante si, como en el caso de México, se basa en el uso delictivo del producto por parte de un tercero”.
Este razonamiento fue compartido por todos los magistrados, quienes coincidieron en que la demanda mexicana no podía continuar debido a las protecciones otorgadas por la legislación federal.
México, por su parte, había solicitado que se permitiera que el caso siguiera su curso, alegando que aún se encontraba en sus etapas iniciales y que podría reunir más evidencia en el proceso.
UN LITIGIO CON CAMINO ACCIDENTADO
En sus inicios, un juez federal desestimó la demanda citando directamente la PLCAA. Sin embargo, en 2023, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston revivió el caso al considerar que México podía argumentar que las compañías violaban deliberadamente leyes en sus prácticas de venta y comercialización.
Esta excepción ya había sido utilizada en otros litigios, como el caso de Sandy Hook, el tiroteo masivo ocurrido en una escuela primaria en Connecticut en 2012. En ese caso, las familias de las víctimas demandaron a Remington, el fabricante del rifle AR-15 utilizado, por comercializar el arma de forma irresponsable.
Dato curioso: En ese caso, las familias lograron un acuerdo de 73 millones de dólares, uno de los más altos registrados contra una empresa armamentista en Estados Unidos.
MÉXICO PROMETE CONTINUAR LA LUCHA
Tras conocerse el fallo, autoridades mexicanas expresaron su decepción, pero afirmaron que seguirán explorando vías legales y diplomáticas para frenar el tráfico de armas. El gobierno de México ha insistido en que el flujo de armas ilegales desde EU representa uno de los principales obstáculos para reducir los índices de violencia en su territorio.
También se prevé que México refuerce su colaboración con organismos multilaterales e impulse reformas internacionales para responsabilizar a los fabricantes de armas por la venta indirecta a grupos criminales.
¿Y AHORA QUÉ? LAS IMPLICACIONES DEL FALLO
El fallo de la Corte Suprema sienta un precedente claro: los fabricantes de armas en EU seguirán estando protegidos legalmente, incluso cuando sus productos crucen fronteras y terminen en manos del crimen organizado.
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Para activistas y defensores del control de armas, esta decisión reafirma la necesidad de revisar las leyes federales que blindan a esta industria. Para México, en cambio, significa un revés jurídico, aunque no el fin de su lucha por responsabilizar a quienes, directa o indirectamente, se benefician del comercio ilegal de armamento.
La Corte Suprema de EU cerró la puerta a la demanda del gobierno mexicano contra fabricantes de armas, argumentando que la ley protege a estas compañías del uso criminal de sus productos por terceros. Aunque el caso queda archivado, la problemática del tráfico ilegal de armas y su impacto en la violencia en México seguirá siendo un tema central en la agenda bilateral.