En México existen 24 millones de edificaciones potencialmente irregulares, advierte el Insus

México
/ 7 octubre 2025

Estudio de instancia federal considera que de esa cifra, solo el 63% podría ser regularizada

CDMX.- Un estudio del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) revela que en México hay alrededor de 24 millones de edificaciones potencialmente irregulares, lo que equivale a una proporción significativa del parque de vivienda nacional.

De ese total, 93.5 por ciento corresponde a construcciones surgidas por compraventas sin regularización, mientras que el 6.5 por ciento restante obedece a invasiones de suelo.

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Sin embargo, no todas estas construcciones pueden ser legalizadas: solo el 63 por ciento de ellas son aptas para regularización, pues el resto se localiza en zonas de riesgo o bajo restricciones legales —por ejemplo, áreas naturales protegidas— que impiden su formalización.

LAS CAUSAS DEL FENÓMENO

José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Insus, explicó que esta magnitud de informalidad en la vivienda responde a la falta de condiciones accesibles en las ciudades para incorporar vivienda destinada a familias de ingresos bajos.

“Una familia de los tres primeros deciles de ingresos, por ejemplo, no tiene ninguna posibilidad de acceder a vivienda formal dentro de una ciudad (...) la única alternativa es irse a un asentamiento irregular”, afirmó Iracheta en un evento con el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi).

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Además, la carencia de servicios —agua, drenaje, electricidad— y la ausencia de certeza jurídica son consecuencias inmediatas de la expansión irregular. El artículo indica que 7 millones de viviendas en el país —equivalente al 26 % del parque habitacional total— no cuentan con escrituras, de acuerdo con la ENIGH 2024.

Esta situación limita el acceso a créditos, programas sociales y la protección legal sobre la propiedad.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: RETOS Y LÍMITES

El Insus ha proyectado realizar 700 mil acciones de regularización de viviendas durante el sexenio en curso como parte de su programa “Vivienda para el Bienestar”.

No obstante, Dulce María Franco Pérez, directora de Planeación y Evaluación de Proyectos del instituto, advirtió que la regularización no puede funcionar como política aislada. Las intervenciones fragmentadas pueden incentivar más crecimiento irregular si no van acompañadas de planificación urbana, regulación del suelo y provisión de servicios.

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Franco subrayó que hay que cuidar efectos colaterales en el mercado inmobiliario: “Hay que considerar cosas como el aumento desmedido en la plusvalía. En el mejor de los casos, se dispara el precio; en el peor, solo se dejan viviendas pobres con escritura.”

Para evitar que el problema se replique, el Insus impulsa un programa de gestión del suelo que articule los tres niveles de gobierno. Se busca identificar zonas con potencial de crecimiento y, en conjunto con autoridades locales, crear condiciones de desarrollo urbano que incluyan vivienda, actividades económicas, infraestructura y espacios públicos con planeación formal. Con información de El Economista

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