Sin freno fraudes inmobiliarios en Coahuila: suman 4 mil casos de despojo en 10 años

En los últimos 10 años, Coahuila registra una incidencia de 4 mil 115 carpetas de investigación abiertas por despojo de propiedades que, junto con fraudes inmobiliarios e invasiones, conforman una problemática que se mantiene sin freno en la entidad.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, con estadísticas hasta agosto, en lo que va de 2024 se han abierto en el estado 255 carpetas de investigación por despojo, una tendencia que se sostiene en los últimos 10 años, que promedian cerca de 400 casos anuales.

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Entre el 2015 y lo que va de 2024, el estado registra un total de 4 mil 115 denuncias por el delito de despojo de algún predio o inmueble.

Por otro lado, el Registro Público de la Propiedad de Coahuila advirtió este año que atendían hasta 20 solicitudes de casos de fraudes inmobiliarios y cada mes recibían hasta 100 denuncias por posesionarios de propiedades.

Además, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Saltillo este mismo año externó preocupación por las irregularidades que hay en el mercado inmobiliario y advirtió que en la Región Sureste hay hasta 3 mil 500 personas que se dedican a la actividad inmobiliaria y de ellos, solamente el 30 por ciento es formal.

LOS CASOS MÁS SONADOS

En los últimos años, VANGUARDIA ha documentado al menos 10 casos de fraudes, despojos e invasiones de diferentes propiedades.

El más reciente es el de Lizeth, quien esta semana fue encontrada culpable y sentenciada a 15 años de prisión por el delito de fraude. Había sido denunciada por la venta y despojo de propiedades ajenas contra diferentes víctimas.

Los fraudes se destaparon en 2022 a raíz de un caso registrado en un domicilio de un fraccionamiento ubicado al norte de Saltillo y al menos otras 10 colonias. Tras el juicio que concluyó con su sentencia, todo apunta a una red en la que estarían involucradas otras personas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) registra 60 procedimientos, de los cuales 30 ya están judicializados.

Otro caso diferente involucra al ex dirigente del Partido Joven de Coahuila, Édgar Puente, quien en 2020 fue vinculado a proceso tras posesionarse de un predio al sur de Saltillo propiedad de la Inmobiliaria Jirafa, en el que asentaron una colonia de forma irregular y sin títulos propietarios. Un juez acreditó por ese caso un agravio de 8.6 millones de pesos.

En 2017, José Luis Treviño, entonces notario en Saltillo, sumó más de 200 quejas por fraude inmobiliario ante la Dirección Estatal de Notarías. Víctimas, entre ellas maestros del SNTE, acusaron que Treviño exigía pagos en efectivo por servicios no prestados y dejó a varios sin la propiedad que adquirieron.

Treviño también participó en un despojo al facilitar un mandato para Édgar Puente y Jorge Vargas, también ex dirigente de un partido político local, quien también estuvo involucrado en la invasión de un predio de ocho hectáreas ubicado al sur de la zona de tolerancia de Saltillo, perteneciente al Ayuntamiento desde marzo de 1975.

Durante la invasión, una mujer llamada Estela Aldape afirmó ser la propietaria, mientras Vargas alegó haberle comprado lotes. Anteriormente, en junio de 2016, Estela intentó despojar de un terreno identificado como el lote Tres Biprima del predio Las Tetillas.

El megafraude de Infonavit ha sido otro escándalo que ha sacudido a la entidad, pues fue en octubre de 2018 cuando se detectaron irregularidades en más de 130 mil créditos en Coahuila, lo que resultó en la destitución de 19 funcionarios coahuilenses: seis jueces, 12 secretarios y una oficial de partes de Torreón, que fueron cesados del Poder Judicial de Coahuila.

Las investigaciones revelaron un entramado que despojó a trabajadores de sus viviendas, muchas de las cuales ya estaban pagadas en su totalidad. Este escándalo se hizo público tras destaparse un modo de operación similar en Nayarit.

Ante esta situación, el Infonavit inició una auditoría que detectó malas prácticas en 18 despachos de cobranza, de los cuales a cuatro se les rescindió el contrato y a otros 14 se les abrió investigación.

En septiembre del 2022, se publicó el caso de un grupo de personas que buscaba adquirir propiedades en Saltillo, especialmente al norte de la ciudad. Se involucró en ese caso a Patricia “N”, quien tiene algunas judicializaciones derivadas de 14 denuncias de fraudes con inmuebles que tenían valor de hasta dos millones de pesos cada uno, algunas de ellas pagadas por adelantado por las víctimas.

El Estado también enfrenta disputas legales, como la de la familia Cepeda, que reclama indemnización por terrenos expropiados para la ampliación de la carretera hacia Derramadero. A pesar de ser los legítimos propietarios, aún no han recibido compensación, y el gobierno les ha sugerido cobrar a terceros. El conflicto comenzó en 2022, cuando la SICT realizó pagos erróneos a ejidatarios de La Angostura por 5.7 hectáreas afectadas por la ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo.

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Otro caso es el de Benito Noriega, quien en noviembre de 2023 demandó al Gobierno de Saltillo al haber sido despojado de su terreno ubicado en el cruce de Los Valdez y Eulalio Gutierrez para llevar a cabo la construcción de una tienda comercial.

Según informó entonces el secretario del Ayuntamiento de la capital, Carlos Estrada, la demanda fue fundamentada en la supuesta entrega de permisos de construcción ilegales por parte del gobierno municipal, que ignoró la legitimidad de la propiedad de Noriega, quien dijo contar con documentos que respaldan su titularidad desde hace más de 40 años.

El proceso de despojo comenzó en 2016, cuando la empresa intentó arrebatarle el dominio de su propiedad. Aunque el Poder Judicial lo absolvió, la construcción de la tienda continuó. Noriega, quien también vendió parte de su terreno al gobierno para la ampliación de la vialidad, asegura que le consta a las autoridades municipales que el predio es de su propiedad.

También se han registrado fraudes de personas que tenían intención de construir. Uno de esos casos fue publicado en febrero del 2024, donde un matrimonio de la tercera edad perdió poco más de ocho millones de pesos invertidos en la construcción de un inmueble a cargo de un arquitecto llamado Jorge “N”, quien nunca entregó la obra en el fraccionamiento “El Molino”.

En junio de este año, también otro agente inmobiliario, Sergio “N”, fue condenado a 15 años de prisión por defraudar con supuestas ventas inmobiliarias a siete personas de Saltillo a quienes les debía una reparación de dos millones de pesos.