Harfuch afirma que la extorsión es actualmente la máxima prioridad del Gabinete de Seguridad

La extorsión se ha convertido en la principal prioridad del Gabinete de Seguridad, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien hizo un llamado a los gobiernos estatales a fortalecer sus instituciones de seguridad y procuración de justicia para lograr una reducción estructural del delito.

Durante una entrevista con Gabriela Warkentin en el programa Así las cosas, el funcionario señaló que diariamente se presenta al presidente un informe sobre los avances en el combate a la extorsión.

“La extorsión es actualmente la máxima prioridad del Gabinete de Seguridad”, afirmó Harfuch.

El secretario informó que se han realizado más de 2 mil detenciones en 24 estados como parte de las acciones contra este delito, aunque reconoció que todavía existe un largo camino por recorrer.

Harfuch destacó también el incremento en las denuncias a través del número 089, considerado por las autoridades como una herramienta fundamental para combatir este delito.

Como ejemplo de las acciones recientes, mencionó la detención en Puebla de un presunto extorsionador que, según explicó, operaba en Guerrero. También se refirió a los operativos realizados en Michoacán contra integrantes de grupos dedicados a extorsionar a productores de aguacate y limón.

“La extorsión es un delito odioso porque perjudica directamente el patrimonio de las familias”, sostuvo el funcionario, al señalar que sus víctimas pueden ir desde grandes empresas hasta pequeños comerciantes.

FORTALECER LAS INSTITUCIONES LOCALES

Ante el planteamiento de Warkentin sobre la dificultad de erradicar la extorsión —pues después de detener a un presunto delincuente pueden aparecer nuevos extorsionadores—, Harfuch sostuvo que el fenómeno sí puede combatirse, pero que la solución requiere fortalecer las instituciones locales.

“Sí, se puede combatir y lo estamos combatiendo”, respondió.

El secretario consideró que una reducción duradera de la criminalidad depende de contar con policías y fiscalías estatales fuertes.

Explicó que el gobierno federal ha incrementado las capacidades de instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera, pero subrayó que esto no sustituye la responsabilidad de las autoridades estatales.

“Fortalecer las fuerzas de seguridad y la fiscalía estatal es la única manera de lograr una reducción estructural y duradera del crimen”, afirmó.

Harfuch utilizó como ejemplo el feminicidio para explicar la importancia de atender los delitos desde sus primeras manifestaciones. Señaló que, en muchos casos, existe una escalada previa de violencia que podría ser atendida por las instituciones antes de llegar a un desenlace fatal.

Afirmó que un patrón similar puede presentarse con la extorsión: si una víctima denuncia y no recibe atención adecuada, la situación puede continuar y agravarse.

Por ello, consideró indispensable crear y fortalecer unidades especializadas contra la extorsión dentro de las fiscalías estatales.

EL LLAMADO A LOS GOBERNADORES

Ante la pregunta de Warkentin sobre cuánto tiempo tomará obtener resultados y frente a la percepción ciudadana de que la inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas del país, Harfuch respondió que el fortalecimiento institucional debe comenzar desde el primer día de cada administración estatal.

“Debe hacerse desde el primer día de cada mandato”, sostuvo.

El secretario señaló que los gobernadores tienen un periodo de seis años para fortalecer las instituciones bajo su responsabilidad y que los resultados pueden medirse mediante indicadores como las condiciones en que reciben y entregan las policías y fiscalías.

Harfuch puso como ejemplo la gestión de Claudia Sheinbaum al frente del Gobierno de la Ciudad de México, cuando él se desempeñaba como jefe de la policía capitalina.

Según explicó, durante ese periodo la policía recibió un incremento salarial del 60 por ciento, mayor equipamiento y nuevas facultades de investigación derivadas de modificaciones legislativas.

Para Harfuch, ese modelo demuestra la importancia de dotar a las policías locales de herramientas para investigar delitos y colaborar eficazmente con las fiscalías.

EL GOBIERNO FEDERAL NO PUEDE RESOLVERLO TODO

El funcionario también destacó que una parte mayoritaria de los delitos corresponde al ámbito estatal.

“El gobierno federal no puede resolver todo el problema de seguridad por sí solo, ya que el 90% de los delitos son de jurisdicción local”, afirmó durante la conversación con Warkentin.

En ese sentido, hizo énfasis en que la estrategia federal debe acompañarse de instituciones estatales capaces de investigar, perseguir y atender los delitos.

Harfuch reconoció que varios gobiernos estatales están realizando esfuerzos importantes y señaló que la Federación trabaja de manera coordinada con ellos para fortalecer sus fiscalías.

Como ejemplo mencionó a Michoacán, entidad que consideró históricamente sensible en materia de seguridad.

De acuerdo con el secretario, al comparar los resultados actuales con los de hace dos años, se observa un incremento en las detenciones y en los operativos conjuntos entre las fuerzas federales y las autoridades locales.

La apuesta, concluyó Harfuch, no se limita a detener a los integrantes de grupos delictivos, sino a fortalecer las instituciones locales para impedir que las estructuras criminales puedan ser reemplazadas una y otra vez.