Inhabilitan hasta por 20 años a exfuncionarios de la Policía Federal por presunto desvío de 65 millones de dólares

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que dos exfuncionarios de la extinta Policía Federal fueron sancionados con inhabilitaciones de hasta 20 años para ocupar cargos públicos, además de indemnizaciones económicas, por irregularidades relacionadas con el desvío de más de 65 millones de dólares destinados al cumplimiento de un contrato firmado en 2015.

La dependencia federal dio a conocer la información a través del comunicado número 052, emitido este martes, en el que detalló que las investigaciones fueron realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad.

De acuerdo con el documento, las indagatorias permitieron acreditar la comisión de faltas administrativas graves por parte de personas servidoras públicas que formaban parte de la entonces Policía Federal.

“Las investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de la extinta Policía Federal”, indicó la dependencia.

INHABILITAN A DOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL TRAS INVESTIGACIÓN

Como resultado de estas investigaciones, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió imponer sanciones administrativas que incluyen inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público, así como sanciones económicas.

“Como resultado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso inhabilitaciones de hasta por 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como sanciones económicas”, señaló el comunicado.

EXFUNCIONARIOS DESVIARON RECURSOS DE UN CONTRATO FIRMADO EN 2015 POR 65 MILLONES DE DÓLARES

La Secretaría Anticorrupción explicó que las irregularidades detectadas están relacionadas con un contrato firmado en diciembre de 2015 para la prestación de servicios con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.

Según el comunicado oficial, los recursos involucrados estaban destinados al cumplimiento de obligaciones derivadas de dicho contrato; sin embargo, fueron desviados por dos exfuncionarios de la corporación federal.

“En la entonces Policía Federal, dos personas servidoras públicas desviaron el pago de más de 65 millones de dólares estadounidenses, destinado a cubrir obligaciones derivadas de un contrato, firmado en diciembre de 2015, para la prestación de servicios celebrado con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.”, detalló la dependencia.

SANCIONES IMPUESTAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

La Secretaría informó que una de las personas sancionadas es Frida M., quien se desempeñó como secretaria general de la Policía Federal.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa le impuso una inhabilitación de 20 años, además de una indemnización económica.

“Frida M., exsecretaria general: inhabilitación por 20 años e indemnización económica”, precisó el comunicado.

Asimismo, Damián C., ex titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal, recibió una sanción consistente en 15 años de inhabilitación y una indemnización económica.

“Damián C., ex titular de la División de Inteligencia: inhabilitación por 15 años e indemnización económica”, informó la dependencia.

La Secretaría Anticorrupción agregó que las indemnizaciones económicas impuestas superan los 65 millones de dólares estadounidenses.

INVESTIGACIÓN PENAL CONTINÚA EN LA FGR

Además de las sanciones administrativas, la dependencia federal informó que los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que actualmente mantiene abiertas investigaciones penales relacionadas con el caso.

“Los hechos también fueron denunciados penalmente y actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República”, señaló el comunicado.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar posibles actos de corrupción mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

“El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Denunciar actos de corrupción no solo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos”, expresó la dependencia.

También recordó que las denuncias pueden presentarse a través de la plataforma digital del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).

Finalmente, la institución sostuvo que continuará impulsando acciones dirigidas al combate a la corrupción dentro del servicio público.

“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público”, concluyó el comunicado.