Niegan jubilados de CFE y Pemex tener pensiones doradas

Bajo la sombra de un árbol, Jorge Salcedo mira al suelo sentado en una banqueta. A sus 71 años ha soportado una caminata de más de 2 kilómetros bajo el sol.

Podría estar en su casa, en Cuernavaca, con sus hijos y nietos. Pero elige estar aquí, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exigiendo que no recorten la pensión que recibe después de 31 años de trabajo.Es la mañana de un jueves en la Ciudad de México.

La temperatura se acerca a los 30 grados y el sol es inclemente, pero eso no detiene a cientos de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que bloquean el paso.

“¡No robé, no mentí. No traicioné, solamente trabajé!”, gritan a coro. En una ciudad donde cada día hay en promedio nueve protestas, que sean personas de la tercera edad quienes salen a las calles es inusual.

Todos rebasan los 60 años y han viajado desde diferentes puntos del país en autobuses que ellos mismos rentaron.

Visten camisas blancas en las que no se asoma ni una arruga, tenis con logos de marcas fáciles de identificar y lentes oscuros.

Sus suelas no tienen el desgaste de quien camina por estas calles todos los días. Algunos recuerdan que la última vez que salieron a protestar fue en 2022, cuando defendieron la autonomía del INE.

En la Ciudad de México, esta es la quinta manifestación contra la reciente reforma al artículo 127, pero se han registrado protestas en todo el país, desde Baja California a Yucatán, y de Michoacán a Veracruz.

Jorge quisiera gritar con sus compañeros, pero no puede. Hace grandes esfuerzos para articular cada palabra.

—Tengo un problema de cáncer, es un tumor y no puedo hablar muy bien. Me dañó la lengua —se disculpa.

En la segunda quincena de abril pasado, Jorge revisó su cuenta bancaria y descubrió que el Estado mexicano le había reducido la pensión que recibe desde que se jubiló de la CFE en 2011, donde ocupaba una subgerencia.

Fue la aplicación de la reforma que pretende acabar con las “pensiones doradas” de la burocracia, estableciendo que ningún funcionario puede recibir como pensión un monto mayor a la mitad de lo que gana quien ostente la Presidencia de la República.

Claudia Sheinbaum Pardo percibe un salario neto mensual de 133 mil 332.97 pesos.

La mitad de eso ronda los 70 mil pesos, un techo que parece inalcanzable para la inmensa mayoría de los mexicanos.La esposa de Jorge padece lupus y no puede estar aquí.

Él participa en las protestas a nombre de ambos. “Yo no puedo dejar mi tratamiento, no es posible, y es una injusticia porque es un derecho adquirido”, dice.

El costo de su seguro médico, después del diagnóstico y numerosos tratamientos, asciende a 370 mil pesos al año que paga a crédito. Con el recorte, ya no podrá cubrir el de su pareja.

“Ya veremos qué hacer”, dice, y no elabora más. Los hospitales públicos no son una opción que considere viable. Un viejo amigo suyo, también con cáncer, murió esperando una operación que tardó en programarse.

“PERCIBÍAN 1 MDP”

El 13 de marzo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó la lista de las personas jubiladas de siete instituciones públicas: Luz y Fuerza del Centro, Pemex, CFE, Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior y Banco Nacional de Crédito Rural.

”Se identificaron pensiones exorbitantes que superan el sueldo de la Presidenta de la República e incluso con percepción de más de un millón de pesos mensuales”, anunció en un comunicado.

De acuerdo con esas bases de datos, se trataba de 99 mil 557 pensionados que generaban un gasto de 7 mil 111 millones 716 mil 836 pesos al Estado cada mes.

Según dijeron, se trataba de “pensiones millonarias” en un país donde la jubilación promedio es de 6 mil 240 pesos.Una semana después, la secretaría corrigió la información de seis exfuncionarios acusados de recibir cantidades exorbitantes, incluido quien inicialmente encabezaba la lista con una pensión de 1 millón 107 mil pesos.

En realidad, percibía 201 mil pesos mensuales. Con estos ajustes hechos, había sólo tres personas que cada mes recibían más de un millón de pesos.

Los rostros de quienes tenían las pensiones más altas ocuparon las portadas de los medios mexicanos. Cuando la corrección llegó, ya era demasiado tarde.

El rostro de Jorge, con su mirada profunda, cabello completamente blanco y nariz ancha no se dio a conocer.

Pero su nombre sí, junto con el de todos los que hoy protestan frente a la Corte.A unos metros de donde Jorge descansa, María de los Ángeles España sostiene una sombrilla con la mano derecha y con la izquierda afirma su bastón contra la jardinera donde está sentada. Usa una visera y una blusa de manga corta; en su rostro se asoman pequeñas gotas de sudor.

Se escabulló de casa para venir, pues sus hijos temían por su seguridad en medio del tumulto, y ahora está aquí, a sus 74 años, defendiendo lo que construyó en 25 años dentro de la CFE.

Entró ganando 47 pesos con 31 centavos al mes, según recuerda. Salió como responsable de las comisiones de capacitación para los electricistas, después de haberse pagado ella misma una carrera y una especialización con los beneficios del contrato colectivo.

Se jubiló en 2018. Y el gobierno le acaba de recortar 45% de esa pensión.

”Es una narrativa falsa que somos privilegiados, que son pensiones doradas”, dice, “que había pensionados de un millón y tantos de pesos, pero ya revisaron y si las hubo, eran de muy altos funcionarios. La mayoría de los trabajadores aquí hemos sido operativos, técnicos”.

“NO ES JUSTO”

La vida laboral de Reynaldo transcurrió entre turbinas y lodo. Recuerda 2007, cuando un cerro se desgajó sobre el río Grijalva, en Chiapas, amenazando con desbordar la presa de Malpaso e impidiendo la generación de energía.

Pasó navidades y años nuevos en zonas de desastre, comiendo en mesas largas junto a campesinos, durmiendo a ratos sobre la tierra.”A todos los que obtuvieron de manera fraudulenta su jubilación, métanlos a la cárcel.

Ellos ni siquiera el mínimo merecen, pero uno que trabajó toda la vida, no es justo”, dice el hombre de 72 años, excoordinador de mantenimiento de hidroeléctricas de CFE.

Él vive en la Ciudad de México y, después de dos matrimonios, tiene que asumir los gastos de un nieto y su hija de 10 años. Su hipoteca estaba absorbiendo 23% de sus ingresos.

Afortunadamente, dice, no tiene problemas de salud ni necesita un médico privado, pero su estabilidad pende de un hilo.

”Yo pago todo lo que necesite mi hija y mi nieto es un bebé, ¿qué va a pasar después?, ¿cómo me aseguro que van a poder ir a la universidad, que van a seguir teniendo todo lo necesario?”, comenta.

En marzo, entre protestas de los jubilados, las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la reforma propuesta por la entonces consejera jurídica de la Presidencia.

El documento no explicaba la razón detrás del cálculo de 50% de los ingresos presidenciales, quedaba en el aire si se basaría en la cifra del sueldo o de los ingresos totales y, además, atenta contra algo “sagrado” en el derecho mexicano: la no retroactividad.

Carlos de Buen es abogado titular del despacho laborista Bufete de Buen, fundado por su padre, el prestigioso jurista Néstor de Buen. Representa a un grupo de entre 80 y 90 jubilados afectados por la reforma.

“Es una canallada bajar las pensiones de esta manera”, dice. “¿Por qué la mitad de las percepciones de la Presidenta de la República?, ¿porque se les ocurrió? Pudieron haber dicho la cuarta parte, 10%. No hay ningún argumento, sólo se les ocurrió”.

El especialista señala que la mayor falta es su aplicación retroactiva en perjuicio de miles de personas, además de atentar contra la propiedad privada y la seguridad social, y dejar el cálculo a interpretación abierta porque los ingresos de la Presidenta, considerando las prestaciones que le otorga su puesto, son mucho mayores a 133 mil pesos.

Considerando que los litigios internacionales pueden tomar décadas, De Buen considera que sólo hay una salida posible.—Uno no puede descartar que haya marcha atrás, pero tendría que venir desde Presidencia. Ya no está en manos del Poder Judicial.

En la primera quincena de junio, tanto la Asociación de Jubilados de Confianza de Pemex como de la CFE informaron que el gobierno federal estableció como nuevo tope para pensionados el sueldo de la Presidenta.

Sin embargo, al no tratarse de una modificación legal, continúa siendo un criterio sin certeza.

Las personas entrevistadas para este reportaje no han logrado recuperar la claridad de sus nuevos ingresos. Se buscó al gobierno federal, pero no se concretó una entrevista.