Coahuila: Sin rastro del 70% de los desaparecidos del 2000 a la fecha

En Coahuila, siete de cada 10 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas desde el año 2000 permanecen sin ser encontradas, de acuerdo con los datos de la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

La cifra evidencia una de las principales deudas que persisten en la entidad frente a las familias que, pese al paso de los años, continúan buscando a sus seres queridos y exigiendo a las autoridades resultados en las investigaciones.

De acuerdo con el registro nacional, desde el año 2000 se han contabilizado al menos 5 mil 281 personas desaparecidas o no localizadas en Coahuila. De ese total, 3 mil 671, equivalentes a alrededor del 70 por ciento, permanecen en esa condición.

En contraste, mil 610 personas han sido reportadas como localizadas. Sin embargo, 357 de ellas, es decir, 22 por ciento, fueron encontradas sin vida.

La problemática persiste a pesar de que Coahuila cuenta con el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), donde se han resguardado más de 130 mil restos óseos recuperados de fosas clandestinas, así como más de mil 500 cuerpos provenientes de fosas comunes, que permanecen pendientes de identificación.

La situación de las desapariciones en Coahuila adquirió relevancia nacional durante los años de mayor violencia relacionada con el crimen organizado. En ese contexto surgió Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), el 19 de diciembre de 2009, a partir de la exigencia de un grupo de madres cuyos familiares no regresaban a casa y cuyas denuncias, aseguraban, no recibían una respuesta adecuada de las autoridades.

Desde entonces, el colectivo, acompañado por la organización de derechos humanos Fray Juan de Larios, ha documentado y acompañado más de 500 casos de desaparición desde 2006.

A partir de ese trabajo, han señalado que una parte de las desapariciones no fue investigada de manera adecuada y que existen casos en los que se documentó la posible participación o intervención de autoridades.

“Muchos de esos casos fueron participación de agentes estatales. Lo que nosotros documentamos en mayor medida fue la intervención de policías municipales de distintas corporaciones, aunque también hubo información sobre autoridades estatales como los GATES”, dijo Alma García en entrevista con VANGUARDIA, tras una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionada con estos casos.

“Estos temas son de vínculos y redes que no solo competen a un solo estado, sino a la Federación. Son redes mucho más amplias que definieron políticas de seguridad que, en realidad, parecían de exterminio”, agregó.

Otra de las exigencias de los colectivos ha sido mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, debido a las inconsistencias y deficiencias que han detectado en la información.

La versión pública del registro también muestra que, de las 35 investigaciones por desaparición forzada registradas desde el año 2000 en Coahuila —es decir, aquellas en las que se señala la posible responsabilidad de autoridades—, 32 no han sido concluidas.

Este escenario será llevado nuevamente ante organismos internacionales. La organización Fray Juan de Larios prevé acudir en septiembre ante la ONU para exponer la situación de las desapariciones forzadas y la falta de resultados en las investigaciones.

En tanto, Fuundec manifestó a principios de julio que, pese a los constantes diálogos sostenidos con autoridades estatales, no se ha cumplido con el objetivo principal de lograr que las personas desaparecidas regresen a casa.

“Con los años vemos que las mesas de trabajo solo han servido para alargar y administrar el dolor; las autoridades estatales han normalizado las violencias, que ya se les olvidaron las leyes y protocolos que construimos con tanto esfuerzo. También notamos que, a 16 años empujando el tema, las instituciones locales no se coordinan para buscar e investigar, sino al contrario, se unen para ocultar, para inventar”, señaló Fuundec.