Urge Artículo 19 a frenar la criminalización de la prensa en San Luis Potosí

La organización Artículo 19 exigió a las autoridades de San Luis Potosí poner fin al uso del sistema penal para perseguir a periodistas, comunicadores y voces críticas, al advertir que existe un patrón de criminalización de la libertad de expresión en la entidad.

A través de un posicionamiento, la organización documentó diversos procesos judiciales iniciados contra periodistas, comunicadores, funcionarios públicos y activistas, los cuales considera evidencian un uso abusivo del Código Penal estatal para inhibir la crítica y el escrutinio público.

Entre los casos señalados se encuentra el del comunicador Christian Herrera, administrador de la página Código Rojo San Luis Potosí, quien permanece en prisión preventiva tras una denuncia presentada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Guardia Civil. De acuerdo con Artículo 19, la investigación se originó por publicaciones en redes sociales mediante las cuales invitaba a la ciudadanía a denunciar presuntos abusos policiales.

Asimismo, la organización mencionó el caso de los periodistas Juan Pablo Moreno Rodríguez y Juan Pablo Moreno Guzmán, del medio La Noticia San Luis, quienes son investigados tras una denuncia presentada por el diputado Héctor Serrano derivada de una publicación relacionada con presuntos actos de corrupción.

También refirió procesos contra las comunicadoras Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, así como contra la periodista Anahí Torres y otras diez personas, vinculados presuntamente a contenidos difundidos mediante redes sociales y al uso de inteligencia artificial.

Artículo 19 sostuvo que las reformas al Código Penal de San Luis Potosí en materia de uso no autorizado de imagen, voz e inteligencia artificial contienen disposiciones ambiguas que vulneran principios fundamentales del derecho penal y pueden utilizarse para castigar expresiones protegidas por la libertad de expresión.

Además, denunció presuntas irregularidades en varios de los procedimientos, entre ellas detenciones mediante órdenes de aprehensión sin recurrir previamente a citatorios, falta de acceso a carpetas de investigación, incomunicación de personas detenidas y posibles violaciones al debido proceso.

La organización advirtió que estas acciones generan un efecto intimidatorio sobre el ejercicio periodístico en una entidad donde, aseguró, ya se han documentado 16 indicadores de censura durante 2025.

Por ello, exigió a la Fiscalía General del Estado abstenerse de criminalizar la libertad de expresión y garantizar el acceso inmediato a las carpetas de investigación para las personas involucradas. Asimismo, pidió al Congreso local atender con urgencia una iniciativa ciudadana presentada el pasado 5 de junio para derogar los delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial que actualmente contempla la legislación estatal.